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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador resolvió este martes iniciar un proceso de fiscalización al acuerdo técnico que el Gobierno nacional concretó el pasado 25 de abril con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por hasta 4.000 millones de dólares, aún sujeto a aprobación por parte del directorio del organismo multilateral. Con 86 votos a favor, 36 en contra y 7 abstenciones, el pleno del Legislativo ecuatoriano delegó a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social que inicie un proceso de fiscalización del acuerdo con el FMI. La asambleísta Gissela Garzón, del opositor Revolución Ciudadana, la agrupación política que tiene como líder al expresidente Rafael Correa (2007-2017), presentó una moción para que se ponga en marcha el proceso de fiscalización, luego de la comparecencia ante el pleno de la Asamblea del ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, para explicar los alcances y eventuales repercusiones de dicho acuerdo crediticio. La comisión parlamentaria especializada tendrá un plazo de 30 días para elaborar un informe detallado y motivado sobre el acuerdo con el FMI que presentará ante el pleno de la Asamblea. Durante el debate, el ministro Vega defendió el acuerdo a nivel técnico con el FMI, pero aclaró que aún se requiere de la ratificación por parte del directorio del organismo y de un comité nacional sobre endeudamiento para que el convenio entre en vigor. Hasta el momento "hay un programa a nivel técnico que ha sido puesto en acuerdo entre los equipos del Ministerio de Economía y Finanzas y el equipo del FMI", explicó Vega durante su comparecencia, y señaló que sólo cuando el acuerdo sea aprobado por el directorio del organismo se difundirán los detalles del texto pactado. Sólo después de concluir con todo el proceso "los puntos acordados con el país estarán disponibles en la página web del Ministerio y del mismo Fondo Monetario", agregó el titular de la cartera de Economía. Vega explicó que la negociación con el FMI, sobre un mecanismo denominado Servicio Ampliado, podría llegar hasta los 4.000 millones en un plazo de desembolso de cuatro años. El ministro aseguró que la negociación del endeudamiento estará destinada a financiar el presupuesto general del Estado y recordó que este tipo de entendimiento suele concretarse cuando los países afrontan problemas de balanza de pagos. La negociación inició en enero de este año y en abril las misiones de ambas partes llegaron a un acuerdo técnico que aún debe pasar al directorio del FMI, reiteró. De su lado, Garzón criticó la comparecencia del ministro al considerar que se refirió solamente al plan económico del Gobierno y no a los detalles del acuerdo con el FMI. Asimismo, señaló que el país ya ha rebasado el nivel máximo de endeudamiento, por lo que se preguntó si se debe seguir con la negociación del crédito con el FMI y dijo temer por la matriz de condicionalidad que suele presentar el FMI en este tipo de negociación. La asambleísta Sofía Sánchez, del movimiento Construye, aseguró que las deudas internacionales del país alcanzadas por gobiernos pasados no han gozado de una total transparencia y mencionó préstamos que se alcanzaron con China durante el Gobierno de Correa. "No queremos repetir los errores del pasado", añadió Sánchez, que exigió una mayor claridad al Ministerio de Economía. También el legislador Jorge Acaiturri, del conservador Partido Social Cristiano, recordó que el acuerdo técnico con el FMI fue anunciado con gran entusiasmo por el Gobierno el pasado 25 de abril, por lo que dijo tener un gran interés por conocer el contenido y detalles de dicho convenio. Aseguró que un proceso de endeudamiento no es bueno o malo por sí mismo, pero dijo que este tipo de negociación debe estar destinado a impulsar el progreso y el desarrollo a través de obras y servicios de calidad. Ecuador concluyó en 2022 por primera vez en alrededor de dos décadas un programa crediticio con el FMI, que desembolsó 6.500 millones de dólares en el transcurso de 27 meses.

Por: EFE