- Política
- Susana Salinas
El reciente reporte anual de Transparencia Internacional (TI) y World Justice Project (WJP) reveló ayer que el país no sólo no ha logrado frenar la corrupción, sino que ha retrocedido posiciones para consolidarse en uno de los entornos más vulnerables de la región.
En el Índice de Percepción de la Corrupción 2025, publicado ayer por el ente internacional, Bolivia obtuvo una calificación de 28 sobre 100 puntos, para situarse en el puesto 136 sobre 180 países. Esto representa una caída de tres puestos respecto al año anterior, que aleja al país del promedio regional y lo ubica en la “zona roja” en términos de la percepción sobre el flagelo de la corrupción.
Con este resultado, Bolivia se mantiene como el tercer país con mayor percepción de corrupción en Sudamérica, una lista encabezada históricamente por Venezuela, seguido por Paraguay. La falta de independencia del sistema judicial y el debilitamiento de los mecanismos de control estatal son señalados como los principales motores que propician esta caída.
A los datos de TI se suma el reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, que ofrece una perspectiva aún más severa. Según su medición sobre la “Ausencia de Corrupción”, Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países estudiados.
Este análisis, que mide la experiencia real de ciudadanos y expertos, posiciona a Bolivia como el país con los niveles más altos de corrupción en toda Latinoamérica, pues supera incluso a Venezuela en este rubro específico. El informe detalla que los sobornos, la influencia indebida y la malversación de fondos públicos están vigentes en los sectores como el Poder Judicial, que fue identificado como el sector con menor integridad.
Le siguen las Fuerzas de Seguridad como la Policía y el Ejército que muestran debilidades estructurales. También en el Ejecutivo y el Legislativo se reporta una falta de transparencia en la adjudicación de contratos y respecto al uso de recursos. Mejorar en los rankings es un desafío.