- Seguridad
- Micaela Villa
24/11/2025.- El Consejo de la Magistratura recibió 105 denuncias que dieron lugar a abrir procesos disciplinarios en contra de jueces y funcionarios judiciales del departamento de La Paz. Estas denuncias son resultado de presuntas irregularidades en el manejo de causas y atención al público en general, informó el jefe nacional de Control y Fiscalización del organismo judicial, Marco Ibáñez.
Estas denuncias fueron investigadas en intervenciones que se ejecutaron entre el 4 y el 14 pasados en el departamento de La Paz, con base en las disposiciones dispuestas por la Sala Plena del Consejo en el marco de la Ley 025, del Órgano Judicial.
Los operativos simultáneos se realizaron en juzgados penales, civiles, laborales, de familia y contenciosos. El trabajo contó, además, con la participación de equipos técnicos de la oficina central —ubicada en Sucre— la oficina distrital de La Paz y algunos profesionales de la Unidad de Transparencia.
“Informamos a toda la ciudadanía y litigantes de la ciudad de La Paz que la Sala Plena del Concejo de la Magistratura, en aplicación de su atribuciones y competencias establecidas por ley, ha dispuesto la intervención en diferentes juzgados del departamento de La Paz. Hemos trabajado en juzgados de la ciudad de El Alto, de la zona Central y terminamos con los de la zona Sur”, informó Ibáñez.
Entre las irregularidades denunciadas recurrentemente y verificadas se cuenta a la retardación de justicia, abandono de funciones por parte de jueces en horario laboral, manejo deficiente de expedientes, maltrato a litigantes y negligencia de diferentes formas que afectan el normal desarrollo de los procesos judiciales.
También se encontraron irregularidades como resoluciones sin firma desde hace enero de este año, mora procesal en diversas materias; libros procesales sin actas de apertura ni cierre; falta de oficios en causas penales; y ausencia de descargos en los libros diarios.
“Todos los casos que son de persecusión están bajo tratamiento de investigación en cada una de las causas que correspondan. Se realizan las tareas correspondientes”, afirmó la autoridad.
JUZGADOS
Estas observaciones corresponden a 27 juzgados intervenidos en El Alto, 21 en La Paz, dos en la zona Sur, uno en Palos Blancos y cinco en Caranavi. “Los resultados han demostrado que sí existe retraso en la aplicación normativa y procedimental”, prosiguió. Con base en estas denunicias, el Consejo abrirá procesos por faltas leves, graves y gravísimas, que pueden derivar en sanciones económicas o incluso destitución de los servidores de la Justicia.
Asimismo, la Unidad de Transparencia prepara una denuncia penal por uso de instrumento falsificado, atribuida preliminarmente a la secretaria de un juzgado de El Alto. Debido a la reserva del caso, no se revelaron mayores detalles.
“El acceso a la justicia es un derecho de todos los bolivianos y su atención debe ser pronta y efectiva”, remarcó Ibáñez, quien aseguró que las labores continuarán a escala nacional, según el cronograma de intervención dispuesto por la Sala Plena del Consejo.
Sobre los casos sobre supuestas presiones políticas o procesos contra exautoridades, Ibáñez señaló que todos los casos denunciados son investigados, pero evitó adelantar las conclusiones.
De acuerdo con la normativa del Órgano Judicial, los procesos disciplinarios deben ser tramitados en un plazo aproximado de 30 días, aunque las decisiones podrán ser apeladas por los funcionarios investigados.
“Hay mora procesal en muchos casos, resoluciones que no han sido firmadas desde hace meses y eso perjudica a la ciudadanía. También se ha constatado abandono de funciones por parte de algunos servidores judiciales”, agregó el jefe de Control y Fiscalización.
Con estas denuncias, el Consejo de la Magistratura busca depurar el sistema judicial y garantizar un mejor servicio a la población litigante. Los procesos disciplinarios serán abiertos en los próximos días y podrían derivar en sanciones que van desde la suspensión temporal hasta la destitución de los funcionarios implicados.