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El Grupo de Puebla manifestó su profunda preocupación por lo que consideran una campaña de "lawfare" que se está desarrollando contra el expresidente Evo Morales en Bolivia. A través de un comunicado, el grupo destacó que, a pesar de los esfuerzos de mediación entre Morales y el actual presidente Luis Arce, las diferencias entre ambos parecen haberse trasladado al ámbito judicial, con el propósito de judicializar casos y acusaciones contra Morales, algunas de las cuales ya habrían sido resueltas en el pasado.

El Grupo de Puebla hizo un llamado a estar atentos a esta posible politización de la justicia, especialmente en un contexto en el que las encuestas electorales muestran un amplio apoyo a Morales. La organización instó al gobierno de Luis Arce a no permitir que su administración, las autoridades judiciales o los organismos de control participen en lo que consideran una operación de daño reputacional contra el exmandatario.

El grupo también señaló que estas prácticas van en contra de la ética del progresismo democrático y podrían beneficiar a las aspiraciones de la derecha boliviana en las próximas elecciones presidenciales. Finalmente, el Grupo de Puebla reafirmó su compromiso de seguir buscando espacios pacíficos y democráticos para el reencuentro entre las facciones del Movimiento al Socialismo (MAS) y sus voceros legítimos.