• Política
Omar Yujra, fiscal del caso gases lacrimógenos.
  • LA PRENSA

La Fiscal Departamental de La Paz en suplencia legal, Rosario Venegas, anunció hoy que el Ministerio Público presentará una apelación contra la sentencia del Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia contra la Mujer de La Paz, en el caso de gases lacrimógenos. 

Esta apelación se dirigirá a los exministros de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, y de Defensa, Luis Fernando López, así como a otros cuatro involucrados, tras demostrar su culpabilidad en delitos de corrupción pública.

Venegas detalló que durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes, registradas en el Ecosistema Justicia Libre, que evidencian la participación de los acusados. La Fiscalía solicitó una pena máxima de 10 años para cada uno, sin embargo, el tribunal impuso condenas de 3, 7 y 8 años.

El Fiscal del caso, Omar Yujra, indicó que el pasado viernes el tribunal dictó sentencia, otorgando a Arturo Murillo una condena de ocho años por Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, además de una multa de 15.000 Bs. Luis Fernando López también recibió una condena de ocho años por Contratos Lesivos al Estado. 

Otros involucrados en el caso incluyen al exdirector de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno, Sergio A.Z.B., condenado a tres años de cárcel por Incumplimiento de Deberes; y a Ruth R.P.R., exdirectora de asuntos administrativos del Ministerio de Defensa, quien enfrentará cinco años de cárcel por Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Bryan S.B.A., representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, fue condenado a siete años y una multa de 12.000 Bs. por Enriquecimiento Ilícito de Particulares con Afectación al Estado. Dennis A.V.R., exresponsable de la sección de artículos clase V del Ministerio de Defensa, fue absuelto de los cargos.

La investigación del caso se inició por un proceso irregular en la contratación directa para la adquisición de gases antidisturbios para la Policía Boliviana en 2019, lo que causó un daño económico al Estado de más de 16 millones de bolivianos.