Es totalmente impresentable leer y escuchar a ciertos políticos y “profesionales” de la economía adoctrinados o incluso camuflados bajo la palabra “liberalismo”, glorificando o enalteciendo delitos claramente establecidos por la Constitución y las leyes no solo en Bolivia, sino en el mundo entero.
El artículo 181 del Código Penal Boliviano señala que comete contrabando aquel que introduzca o extraiga mercancías a territorio nacional en forma clandestina o por rutas u horarios no habilitados, sin la documentación legal o infringiendo requisitos, entre otras conductas que tienen una sanción de privación de libertad entre 5 a 10 años (este delito es muy complejo para analizarlo).
Mientras que el delito de agio y especulación tiene una sanción entre 6 meses a 3 años, para aquellos que alcen o bajen precios de mercancías, salarios o valores negociales en el mercado o la bolsa mediante noticias falsas, negociaciones fingidas u otros artificios fraudulentos, además a quienes acaparen u ocultaren mercancías, provocando artificialmente la elevación de precios.
Por supuesto que nadie en este país está en contra de que nuestros productores ganen una justa retribución por los productos o servicios que ofrecen a la población, pero también es verdad que hoy en día en el país existen clanes y redes poderosas de contrabandistas que, notando el incremento exacerbado de precios en el extranjero, especialmente Perú, Argentina y Brasil, y viendo la oportunidad de especular y maximizar ganancias de manera fraudulenta con productos que tienen un costo de producción en Bolivia mucho menores a éstos, desvían al exterior y ocultan estos bienes de primera necesidad.
Es hasta tonto negar esta realidad, ya que todos los días escuchamos noticias de la prensa, reportajes televisivos de la sustracción de productos para su venta en el exterior. Estos reportajes también deberían sustentarse sobre los precios que ofrecen en esos países y notarán claramente la gran diferencia.
Bolivia es uno de los países que, si bien depende relativamente de algunos insumos importados para la producción de alimentos (granos, frutas, verduras, carnes, productos lácteos, etc.) también es cierto que es casi autosustentable en su producción, Bolivia puede orgullosamente tener “soberanía alimentaria” (excepto dos productos clave, como son el maíz y el trigo).
También debemos sospechar, como se vio en los últimos días tras la intervención y comiso de productos como el aceite y arroz en ingenios, que estas redes de intermediarios desvían y ocultan el producto ya sea por su cuenta o probablemente con la complicidad de trabajadores al interior de las empresas privadas.
Desde estas voces supuestamente “liberales” (ya que el liberalismo no se restringe a una doctrina económica, como falsamente quieren hacer creer estos personajes) no solo se pide evitar todos estos controles, sino que también se pretende glorificar estos delitos, haciéndonos creer que es “normal” que estos productos de primera necesidad (bienes inelásticos, como la teoría económica señala) suban de precio y la gente se adecúe a la “dictadura de los intermediarios”.
Si no hubieran todos estos controles, reducción de aranceles, lucha contra el contrabando, oferta de productos a precio justo, definitivamente veríamos la inflación dispararse a niveles incluso muy superiores a los que ya estamos los bolivianos sufriendo desde hace al menos 6 meses. Estos delitos requieren un consenso nacional para cuidar el bolsillo de todos nosotros, porque estoy seguro que cada uno de nosotros debería estar orgulloso que comemos lo que producimos y tenemos la bendición de poder adquirir deliciosos alimentos nutritivos, variados, baratos y enteramente bolivianos, a comparación de otros países. ción por el país con acertada realidad.