Los presidentes de los países que forman parte del Mercosur expresaron, independientemente de sus posiciones ideológicas, su solidaridad con la democracia boliviana, amenaza por una asonada castrense.

A estas alturas, después de conocerse todos los entretelones que rodearon a la aventura golpista del pasado 26 de junio, es posible concluir que hubo una planificación mucho más profunda que la iniciativa desubicada de un soñador con pretensiones mesiánicas, Juan José Zúñiga.

Hay muchos implicados, pero ciertos oficiales implicados en el conayo, comprendieron a último momento que era una acción descabellada que sólo podía llevar al nuevo gobierno, si se instalaba, a un aislamiento internacional total.

Lógico es suponer que los socios comerciales de Bolivia suspenderían todo intercambio con una dictadura; que muchos países no reconocerían al nuevo régimen y que una condena planetaria se cerniría sobre el tirano de turno.

Una peripecia de esa naturaleza no tendría futuro y, tarde o temprano, como sucedió con Luis García Meza y Luis Arce Gómez, los golpistas sólo tendría la opción de mantenerse en Palacio sobre matanzas y bayonetas, lo que los conduciría a un descrédito personal y familiar, además de pasar los últimos años de su vida entre rejas y vistos por la sociedad como delincuentes.

Las posturas asumidas por los conservadores Luis Alberto Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay, además del izquierdista Lula da Silva, son resultado de la convicción democrática que se ha instalado en el continente, a despecho de las dificultades propias de la democracia. Sorprendió la posición de la Canciller de Argentina quien, en representación de Javier Milei, prestó su respaldo al proceso democrático que se vive en Bolivia, pese a las objeciones del inefable mandatario rioplatense.

Hay que ser claros, además, apoyo a la democracia no significa respaldar incondicionalmente al inquilino de turno de la Casa Grande del Pueblo, sea quien sea y cualquiera que sea su signo ideológico, es inclinarse por vivir en libertad y con la posibilidad de expresar ideas sin restricciones abusivas ni censura.

Durante largos años, los bolivianos no tuvimos esa posibilidad, pues la verdad absoluta era patrimonio de un general o un almirante. Esos son tiempos pasados que nadie desea que retornen, ni dentro ni fuera del país.