- Economía
- Armin Copa
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública comenzó una auditoría profunda a quince firmas estatales en situación de quiebra técnica para determinar su reestructuración, fusión o cierre definitivo. El diagnóstico responde al mandato del Presupuesto General del Estado reformulado, el cual otorga un plazo de un mes para dictaminar la viabilidad de estas entidades. La dirección ejecutiva de la institución técnica anticipó que la presentación de la metodología y las conclusiones respectivas ocurrirá antes del tiempo límite establecido por la normativa.
El balance global de la anterior gestión dejó un saldo negativo superior a los 1.027 millones de bolivianos, con distorsiones administrativas que arrastran observaciones desde hace más de dos años. Entre los proyectos observados figuran la Empresa Azucarera San Buenaventura, la Empresa Boliviana de Alimentos, Karachipampa, la firma estatal de cemento y la Comercializadora de Oro, además de una planta de procesamiento de tubérculos en El Alto. El origen del colapso financiero responde a la carencia de estudios previos de prefactibilidad, determinaciones basadas en factores políticos y manejos internos deficientes en los periodos previos.
La entrega del informe final será ante el Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública, instancia con la atribución legal de decidir el destino de los activos y las operaciones de cada corporación evaluada. En cuanto a las derivaciones legales por el daño económico al Estado, la entidad aclaró que el rol institucional se limita estrictamente al análisis técnico y operativo de los complejos industriales. Los antecedentes y posibles indicios de irregularidades pasarán a conocimiento del Viceministerio de Transparencia y los tribunales de justicia para la identificación de los responsables.