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  • Susana Salinas

23/9/2025.- Vocales de la  Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llegaron ayer a Sucre, para prestar sus declaraciones, en calidad de testigos, ante el Ministerio Pùblico dentro de las investigaciones por el llamado “caso Agetic”, denunciado el pasado 22 de agosto por la diputada Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana.

De acuerdo con la denunciante, la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic), que depende del Ejecutivo, tiene acceso irrestricto y la posibilidad de intervenir en los sistemas informáticos del ente electoral, y del Servicio de Registro Cívico, al amparo de la Ley 1057, que fue promulgada en abril de 2018.

La disposición establece que todas las entidades del Estado deben interoperar sus sistemas informáticos a través de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado Plurinacional, que es gestionada por la Agetic. Esta circunstancia, advirtió la legisladora, pone en duda el manejo del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), que fue puesto en marcha el 17 de agosto, durante la primera ronda de las elecciones generales.

“Ese proceso electoral fue seguro transparente y confiable. Lo que tiene que entender la ciudadanía es que nuestro sistema electoral es seguro y es invulnerable”, comentó el vocal electoral, Gustavo Ávila, antes de ingresar a las oficinas de la Fiscalía del Estado.

Ávila reclamó porque en un estado de derecho, la persona que denuncia debe demostrar con pruebas lo que dice y, “en este caso  no se lo hizo”, sostuvo, en tanto que el vocal electoral, Tahuichi Tahuichi Quispe, presentó el pasado 13 de marzo un proyecto de ley para evitar que la Agetic acceda a datos personales.

Por ello instó a derogar parte de la ley. Más tarde, el 28 de agosto, la diputada Campero presentó la denuncia en cuestión. 

En respuesta a esta acción de la legisladora, Tahuichi Quispe envió al día siguiente (28 de agosto) una carta al presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en la cual negó haber afirmado que la Agetic hubiera accedido a los sistemas electorales. La retractación también fue pública. El 2 de septiembre, el vocal electoral que elaboró el proyecto de ley para limitar los alcances de la Agetic declaró ante la Fiscalía en Sucre que nunca aseguró que hubiese intromisión de esa entidad en el Sirepre.

A su vez, Campero, en la denuncia presentada al Ministerio Público, aseguró que la Ley 1057 “pone en riesgo la independencia del TSE, al permitir que una entidad bajon el control del Ejecutivo tenga contacto (aunque sea técnico) con el Padrón Electoral. También observó que, aunque la Agetic mencione la interoperabilidad, esa situación puede derivar en un acceso o monitoreo indirecto del sistema electoral, lo que se tornaría en un acto inconstitucional”.

La Sala Plena del TSE entregó ayer a la Fiscaía informes oficiales de las empresas auditoras al proceso electoral y las evaluaciones de las más de 19 misiones de observación, que constataron el manejo del Sirepre sin intervenciones ajenas.