Desde el domingo 16, una densa humareda, como suele suceder todos los años en esta época, cubrió la ciudad de La Paz. El problema se acentúa por la especial topografía de la sede del gobierno, que es una hoyada. Si bien esa característica protege a quienes vivimos en esta urbe del frío intenso y el viento que son característicos de las regiones altiplánicas, agudiza otros como la acumulación de humo y otros elementos que contaminan la atmósfera.
El humo es consecuencia de los chaqueos que, los expertos han explicado hasta el cansancio, no son la mejor manera de preparar campos para el cultivo de diferentes productos agrícolas. Es, eso sí, la más fácil y barata, para quien la ejecuta, pero sus efectos son complicadísimos, en especial sobre los sectores sociales más vulnerables: niños, embarazadas, ancianos y enfermos.
Es necesario que desde los más importantes niveles de la administración estatal se tome cartas en el asunto y se aplique medidas de estímulo para que los agricultores no apelen a esta práctica, pues está visto que el Estado no tiene el poder ni la capacidad suficientes para sancionar hechos de esta naturaleza.
Además, es el mismo Estado que debe pagar la factura de esta contaminación ambiental, a través de las atenciones médicas que ofrecerá el Sistema Universal de Salud (SUS) a pacientes aquejados por las consecuencias de aspirar aire prácticamente envenenado.
¿De qué sirven las campañas desarrolladas por autoridades ediles de La Paz y El Alto para evitar que las personas enciendan fogatas durante la noche de San Juan, si durante las semanas precedentes y posteriores, los efectos de las quemas forestales son devastadores para el medioambiente? Es imprescindible que, en defensa de la salud pública, las autoridades encuentren mecanismos imaginativos que alientes a los campesinos a no chaquear terrenos en las regiones del norte tropical y subtropical paceño. Es posible, por ejemplo, establecer centros de acopio o de distribución de cosechas en municipios o comunidades accesibles o apoyar con el traslado de personas y productos a los mercados de las capitales departamentales a quienes puedan exhibir un certificado de que no quemaron vegetación en su propiedad y, paralelamente, facilitar maquinaria pesada y equipos para desarrollar las tareas de desmonte.
