- Política
- Susana Salinas
El Órgano Ejecutivo activó un mecanismo administrativo para frenar las extorsiones y coimas en el sistema de seguridad y justicia. A través del Decreto Supremo 5749, promulgado el martes, el Gobierno Nacional autoriza la recepción y canalización de denuncias bajo una estricta reserva de identidad de los acusadores.
El pilar de esta estrategia es el uso de un código alfanumérico confidencial y único. Este código sustituye de forma inmediata el nombre, cédula de identidad, domicilio y correo electrónico del denunciante en todo el expediente administrativo.
Los datos reales quedarán bajo custodia clasificada del Viceministerio de Transparencia, dependiente del Ministerio de la Presidencia.
Las vías para la recepción física corresponden a las oficinas centrales y los enlaces departamentales del país, a las cuales se sumará una plataforma digital específica.
El presidente Rodrigo Paz Paz justificó la medida con firmeza frente al desvío de recursos estatales. “El Estado se ha robado la plata a través de malos servidores públicos; ya hay uno en la cárcel,... no es venganza, es justicia”, enfatizó Paz.
El Jefe del Estado complementó su postura con una advertencia clara hacia las estructuras tradicionales. “Bolivia no vuelve atrás, no negocia con los corruptos y va a salir adelante. La patria no se negocia”, apuntó.
La norma consta de 10 artículos, dos disposiciones adicionales y una abrogatoria. Regula conductas ilícitas como la concusión, exacciones y la exigencia de dádivas patrimoniales a cambio de admitir, acelerar o modificar un trámite legal o policial.
Transparencia posee la facultad para derivar los antecedentes a los regímenes disciplinarios correspondientes o remitirlos de oficio ante la justicia penal ordinaria, donde la entidad estatal puede actuar en calidad de querellante.
De la misma forma, el texto normativo aclara que el trámite no tiene injerencia jurisdiccional, por lo que no altera fallos ni refrenar juicios en curso. Por otro lado, la normativa fija candados institucionales para precautelar los derechos del personal denunciado. El Viceministerio ejecuta una fase de control formal preliminar en la que el ciudadano debe presentar indicios objetivos.
La reserva de identidad se levantará mediante resolución motivada si se demuestra que la acusación responde a mala fe, supuesto en el que el denunciante afrontará un proceso penal ordinario por el delito de acusación y denuncia falsa.
No obstante, algunos legisladores y juristas advierten de falencias estructurales en el documento. El presidente de la Comisión de Constitución, Juan del Granado, por ejemplo, junto a analistas independientes, denunció el peligro de una “decretocracia” que vulnera la independencia institucional, debido a que una oficina dependiente del Ejecutivo a través de un decreto asume labores de fiscalización sobre jueces, fiscales y magistrados que fueron electos.