• Economía
  • Armin Copa

1/1/2025.- La Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 comenzó a regir este 1 de enero tras ser publicada en la Gaceta Oficial. Este presupuesto, que consolida un monto de Bs 296.565 millones, no pasó por el análisis ni debate en la Asamblea Legislativa, activándose automáticamente “por fuerza de ley” tras vencerse los plazos constitucionales.

Entre las disposiciones más polémicas del PGE 2025 está la adicional séptima, que permite a las entidades estatales confiscar o decomisar productos en caso de considerar un encarecimiento injustificado. Además, el Banco Central de Bolivia (BCB) podrá emitir bonos soberanos utilizando como garantía las Reservas Internacionales, incluidas las de oro. Estas medidas han sido criticadas por sectores como la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco), que advierte riesgos de endeudamiento y desinstitucionalización.

El presupuesto proyecta un crecimiento económico del 3,5%, una inflación del 7,5% y un déficit fiscal del 9,2%. Sin embargo, sectores opositores consideran que estas cifras no reflejan la realidad económica del país, mientras el gobierno defiende el PGE como una herramienta para sostener la inversión pública y enfrentar los desafíos económicos.