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La mañana de este lunes, el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS) denunció que dos exfuncionarios de la Procuraduría General del Estado, bajo la gestión del actual ministro de Justicia, César Siles, habrían intervenido en una acción de libertad que permitió restituir a Sandra Gutiérrez como fiscal departamental de Tarija. Gutiérrez fue destituida tras iniciar un proceso en contra del expresidente Evo Morales por supuestos delitos de trata de personas y estupro agravado contra una menor de edad en 2018, según los representantes legales del exmandatario.
Cecilia Urquieta, abogada de Morales, cuestionó la emisión de la acción de libertad el domingo pasado, argumentando que Gutiérrez cometió varias irregularidades en el proceso penal. Entre estas, señaló la constitución de una comisión de fiscales sin control jurisdiccional y la rapidez con la que se emitió la orden de aprehensión contra Morales, en un lapso de solo dos horas. Urquieta también subrayó que el procedimiento inicial fue por trata y tráfico, mientras que la orden de aprehensión emitida fue por estupro, lo que provocó confusión y contradicciones en la causa.
El equipo jurídico del MAS adelantó que presentará una acción penal en contra de Gutiérrez, así como contra el juez Iván Córdoba y el abogado Carlos Alberto Vacaflor, exfuncionarios cercanos a Siles. La defensa de Morales sostiene que el caso, archivado en 2021, no puede reabrirse debido a que agotó las instancias legales. Entre tanto, Morales, quien participó en un evento cocalero en Cochabamba, reiteró ser víctima de persecución política, aunque evitó mencionar el proceso en su contra.