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  • Carmen Challapa

"Hay que matar a estas personas, no tienen que vivir… Seguro secuestraron a un estudiante, estas personas deben morir…", exclamó una mujer mientras efectivos de la Policía revisaban las pertenencias de tres personas que fueron acusadas de haber intentado secuestrar a un joven en el trópico de Cochabamba. Pese a que los sindicados se encontraban en celdas policiales, una turba enardecida sacó a los presuntos secuestradores y los trasladó hasta la plaza principal de Ivirgarzama.

Aunque no existen cifras exactas de casos de linchamientos, recientes datos publicados por la Policía muestran que, en 19 años, en el país hubo más de 600 linchamientos. Hilarión H. E. estaba en celdas policiales cuando fue secuestrado por un grupo de personas que no respetaron la presencia de la Policía ni del Ministerio Público.

La historiadora Sayuri Loza explicó que, con el advenimiento del Estado Plurinacional, la justicia comunitaria volvió a tener impacto en el país, pero es mal interpretada por pueblos o grupos que confunden la justicia comunitaria con justicia por mano propia.

"No hay una legislación establecida para la justicia comunitaria, se basa en usos y costumbres. Por ejemplo, si alguien comete un delito leve, la sanción puede ser llevar una lata de alcohol para la fiesta de la comunidad o fabricar adobes, según el delito cometido", explicó.

Sin embargo, este concepto ha sido tergiversado por algunas autoridades originarias, que sancionan asesinatos, feminicidios o violaciones con el pago de un cordero y dos latas de alcohol. Muchas veces, los familiares de las víctimas acuden a la Policía o al Ministerio Público para denunciar estos excesos.

El 22 de noviembre de 2018, una turba de 500 comunarios de Chayanta, Potosí, capturó a dos jóvenes de 17 y 19 años acusados de haber robado un vehículo. Los pobladores los golpearon, los llevaron por distintas comunidades y luego los lapidaron y quemaron vivos.

Un policía jubilado explicó que el linchamiento es ilegal y considerado un asesinato o lesiones graves si la víctima sobrevive. Agregó que la ausencia del Estado en muchas poblaciones ha convertido estas áreas en zonas rojas donde predomina el delito. "La población no encuentra respuesta en el sistema de justicia, y al desconfiar de la Policía, decide actuar por mano propia", afirmó el oficial retirado.