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  • Micaela Villa

El Ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, junto a la Procuraduría General del Estado, formalizó una denuncia penal en contra de 19 personas, entre quienes se cuenta a cuatro ex ministros de Defensa de las anteriores tres administraciones gubernamentales debido a irregularidades operativas y financieras en el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta).


De acuerdo con la auditoría interna presentada por Justiniano ante la Fiscalía Departamental de La Paz, el presunto daño económico para el Estado supera los 1.478 millones de bolivianos —aproximadamente 127 millones de dólares—. 


El proyecto, destinado originalmente a la lucha contra el narcotráfico y el control soberano del espacio aéreo, fue contratado bajo la modalidad llave en mano en agosto de 2016 con la empresa francesa Thales por un importe de 191 millones de euros. El plazo inicial de entrega era de 31 meses. El ministro Justiniano detalló que, a pesar de haberse desembolsado casi el 98 por ciento del monto total del contrato tras 98 meses de retrasos, el Estado no recibió el sistema funcional comprometido. 


Incluso, informes oficiales desvelaron que, de los 13 radares adquiridos, únicamente dos operan sin observaciones, mientras que nueve presentan fallas técnicas estructurales. Otros dos se encuentran completamente fuera de servicio.


“No se compraron radares aislados, se contrató un proyecto llave en mano. El Estado debía recibir un sistema completo, integrado, funcional y puesto en operación. Se alteraron plazos, garantías, obligaciones y mecanismos de recepción”, denunció Justiniano.

DELITOS
La querella penal se fundamenta en los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las acciones legales alcanzan incluso de manera directa a los ex ministros de Defensa que suscribieron el contrato original o sus adendas en un esquema que la actual gestión estatal califica como “transgestional”.
Entre las principales exautoridades denunciadas se encuentran Reymi Ferreira y Javier Zavaleta, de la gestión de Evo Morales, quienes firmaron el contrato original y las primeras cuatro adendas modificatorias, de un total de siete. 


Asimismo, se incluye a Luis Fernando López Julio, exministro de la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez por la firma de la quinta modificación, y a Edmundo Novillo Aguilar, de la administración de Luis Arce, responsable de suscribir las adendas sexta y séptima.


La denuncia penal no se limita a los líderes políticos, sino que abarca también a exfuncionarios públicos, mandos militares de la Fuerza Aérea, responsables técnicos de fiscalización y a algunos representantes legales de la firma contratista francesa.


Para resguardar los intereses estatales, el Ministerio de Defensa solicitó la correspondiente anotación preventiva de los bienes de todos los implicados para garantizar una eventual recuperación de los recursos públicos.


Ante el inicio de este proceso judicial, las exautoridades de la gestión de Morales manifestaron su rechazo absoluto a las acusaciones. El exministro Ferreira calificó la denuncia como un “sabotaje” impulsado por mandos medios e intereses del narcotráfico que buscan mantener a Bolivia como un corredor aéreo ciego en la región. Argumentó que la mayoría de los sitios de radar estaban debidamente instalados.


Por su parte, el exministro Javier Zavaleta exigió la presentación de pruebas fehacientes y el respeto estricto al debido proceso, y aseguró que los equipos se encontraban plenamente operativos al término de sus funciones, en 2019. Atribuyó la actual inoperatividad del sistema a la absoluta falta de mantenimiento preventivo y a la carencia de asignación presupuestaria de las administraciones gubernamentales posteriores.


“Señor ministro de Defensa quedo a su disposición para presentarme ante quien corresponda. Mantengo mi posición de llegar a defenderme en libertad como corresponde”, señaló, por su parte, López Julio.


Como parte de la investigación, el exministro Novillo fue aprehendido el jueves 29.


Justiniano ratificó que la vía judicial es la única opción transparente para cerrar un contrato deficiente que vulneró la seguridad nacional y la economía del país. La actual administración dejó en manos del Órgano Judicial y el Ministerio Público la determinación final del caso.