- Política
- Susana Salinas
La acumulación de ocho grandes escándalos de corrupción sin resolver, la ruptura total con el vicepresidente Edmand Lara y la inédita decisión del Mandatario de no ofrecer personalmente un discurso ante la Asamblea Legislativa dejan al Gobierno mal parado y en extrema debilidad al cumplir su primer año de gestión.
El presidente Rodrigo Paz pasó de prometer reformas estructurales —como la descentralización fiscal (“Agenda 50/50”), la rebaja impositiva (“Capitalismo para todos”) y el fin del “Estado tranca”— a verse cercado por una crisis de dimensiones.
Con el ex fiscal general Roger Mariaca bajo arresto por supuesta protección al narcotraficante Sebastián Marset; un gabinete desarticulado por la destitución de más de la mitad de sus integrantes —entre ellos ministros importantes bajo proceso por los casos Audi y “gasolina basura”—; y un entorno familiar acorralado por audios polémicos con el asesor argentino Fernando Cerimedo, la justicia avanza a tropezones.
Esta parálisis judicial detonó el quiebre definitivo en el Órgano Ejecutivo, después de que el propio vicepresidente Lara se rebelara contra Palacio de Gobierno y se convirtiera en el principal denunciante penal de los ministros de Estado, lo que provocó una fractura irremediable en la dupla al mando del poder político.
A raíz de este aislamiento, el quiebre de la tradición nacional marcará el aniversario: Paz sustituirá el mensaje verbal ante el pleno por un informe escrito, que se lo permite el artículo 172, numeral 12, de la Constitución. La oposición y sectores independientes tildaron la medida de “silenciamiento y repliegue” para evadir el debate directo en el hemiciclo sobre la cascada de audios, la economía, la crisis judicial y la inseguridad con sicariatos.
La diputada Lissa Claros (Libre) ironizó: “Que Cerimedo dé el informe por ser el presidente tras el poder”. Ante este tipo de críticas, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, justificó la ausencia por la agenda internacional de Paz, quien cumple un viaje por España para captar inversiones y su asistencia a una cumbre ambiental en Turquía.
Sin embargo, el orden cronológico de los sucesos bajo investigación fiscal expone una crisis institucional profunda que el informe escrito presidencial presumiblemente no detallará.
El primer hito de este declive comenzó con el caso de las “maletas de Viru Viru”, iniciado por el ingreso al aeropuerto de Santa Cruz de 32 maletas no declaradas con valor de mercado un estimado de 100 millones de dólares en efectivo, custodiadas por la exdiputada Laura Rojas. La causa sumó cargos de narcotráfico tras el hallazgo de marihuana en galpones del exjuez Herbert Zeballos.
El caso volcó al denunciarse la similitud física del cargamento con el equipaje sustraído al capo Sebastián Marset; el posterior hallazgo de cuatro valijas vacías de Marset en oficinas policiales de La Paz vinculó las divisas con redes de protección desde la cúpula del Ministerio Público.
A este escándalo le siguió en julio la incautación en Santa Cruz de 189,5 kilos de oro de alta pureza destinados a Dubái. El principal imputado por este hecho, Adrian L. R. (22), pasó de la cárcel de Palmasola a detención domiciliaria nocturna en un proceso ensombrecido por sospechas.
Poco después, la crisis se trasladó al entorno ministerial con el caso Audi. La Fiscalía procesa la compra irregular de un vehículo de esa marca por $us 5.000, aunque su precio real de mercado de 60 mil dólares, hecha por el exministro de Economía, José Gabriel Espinoza, quien fue removido por presunta falsedad en su declaración patrimonial. El expediente penal de este hecho sigue abierto en su etapa preliminar.
La situación sumó una dimensión internacional con el “caso narcomaderas”, luego de que Chile interceptara 1.080 toneladas de madera boliviana (45 contenedores) impregandas presuntamente con 108 toneladas de cocaína y ketamina. El hecho salpica a la naviera MSC, cuya gerente, Carmen Flores Terceros, es esposa del viceministro de Comercio Exterior, Rodrigo Arce. Hay tres extranjeros presos en Chile y ningún detenido en Bolivia.
En la reciente visita del presidente chileno José Antonio Kast, y pese a la presión de los sectores madereros, se evitó un reclamo directo por la destrucción de la “evidencia” y el daño.
Paralelamente, en el ámbito energético, estalló la crisis de la “gasolina basura”. La importación de este combustible de baja calidad dañó motores de 66 mil vehículos en los nueve departamentos, lo que provocó pérdidas por más de 15 millones de dólares. El exministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, cumple detención domiciliaria por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, mientras la investigación se extiende a la logística de YPFB y a los proveedores externos.
Otro incidente también ensombreció el panorama, con un siniestro en El Alto, que involucró a un avión militar Hércules C-130. La aeronave llevaba un cargamento oficial del Banco Central (BCB) con 17,1 millones de piezas de billetes de la nueva serie B; tras el impacto, el dinero quedó disperso en la vía pública, lo que obligó a las autoridades a la inhabilitación de toda la serie monetaria y su circulación fraudulenta, aunque hubo serios problemas.
En la actualidad, se mantiene al piloto y al copiloto de la aeronave militar bajo detención preventiva por el delito de homicidio culposo, después de los informes técnicos preliminares que atribuyeron el hecho a fallas de procedimiento en el aterrizaje.
No obstante, sectores de la oposición y críticos del Gobierno cuestionan que las pesquisas fiscales omitan indagar las responsabilidades ejecutivas del caso.
La fase más crítica de este año de impunidad se consolidó en octubre mediante el nexo Cerimedo-Mariaca-Marset, un caso complejo que unifica la corrupción corporativa y la protección al crimen y el narcotráfico.
La situación de Paz empeora con el caso del asesor argentino Cerimedo y la filtración de más de 10 audios, que muestran una supuesta intervención de la familia presidencial en contratos estatales y designaciones públicas, además de que la consejería del extranjero en conflictos nacionales desató un un escándalo sin precedentes, mientras el Ministerio Público atiende otros casos.
La detención de Mariaca, imputado por la protección activa a la red de Marset y por el montaje de una presunta estructura criminal de extorsión en el aparato de justicia, se convirtió en una bandera internacional contra el crimen organizado. Este hito se alinea con las directrices del Escudo de las Américas, iniciativa bajo la cual Estados Unidos aplica la revocación de visados.
“Hay un ataque duro al Gobierno, ¿no será porque nos hemos cargado al número uno, Marset? ¿No será que nos hemos cargado al número uno del Ministerio Público implicado en varias cosas oscuras?”, se preguntó Paz el jueves en un acto, como una muestra de las inseguridades que rodean su gestión, sacudida hoy por un operativo que, aunque es histórico con la captura del uruguayo, queda salpicada por la persistente corrupción policial.