- Economía
- Armin Copa
El Poder Ejecutivo y la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) cerraron un encuentro de coordinación con la decisión de formar mesas de trabajo para tratar una agenda de tres puntos clave. El diálogo concentró discusiones sobre la propuesta de distribución económica denominada 50-50, los efectos del decreto regulador del diésel para grandes consumidores y las deudas pendientes de las alcaldías con instituciones estatales. Ambas partes fijaron un plazo hasta mediados de septiembre para realizar una primera revisión de los progresos.
Durante el intercambio de posturas, los representantes municipales solicitaron de manera directa la anulación del Decreto Supremo 5676. La dirigencia edilicia argumentó preocupación por las repercusiones económicas que la norma ocasiona en sus presupuestos operativos. Frente a esta exigencia, las autoridades nacionales indicaron que la petición ingresará a debate analítico en las comisiones operativas sin asumir ningún compromiso inmediato sobre la suspensión del instrumento legal.
El plan de trabajo conjunto contempla además la revisión minuciosa del esquema 50-50 para definir criterios de reparto de responsabilidades financieras entre el nivel central y las administraciones locales. De igual manera, las reuniones técnicas examinarán la cartera de pasivos que acumulan las municipalidades con dependencias del Estado con la intención de estructurar alternativas de solución. Los equipos designados mantendrán sesiones continuas previo al nuevo encuentro de evaluación fijado para el próximo mes.