La justicia en Bolivia enfrenta una crisis profunda, caracterizada por problemas estructurales, la falta de independencia judicial y una creciente desconfianza pública. 

Desde hace décadas, los intentos de reforma no han logrado resolver los obstáculos fundamentales que impiden una administración de justicia eficiente y equitativa. 

Hoy analizare tres aspectos clave: los problemas estructurales de la justicia, el impacto negativo de las elecciones judiciales, y las posibles soluciones para mejorar el sistema mediante reformas en el método de nombramiento de magistrados.

La corrupción es uno de los mayores retos del sistema judicial boliviano. Las decisiones de jueces y magistrados suelen estar influenciadas por intereses políticos o económicos, lo que debilita la independencia judicial. Esta situación perpetúa la impunidad y genera desconfianza en la población. Además, la mora procesal es alarmante. Muchos casos permanecen sin resolverse durante años, lo que desanima a los ciudadanos a buscar justicia a través de las instituciones. La falta de jueces y personal capacitado, especialmente en zonas rurales, agrava el problema.

Comunidades indígenas y grupos vulnerables enfrentan barreras económicas, culturales y lingüísticas para acceder al sistema judicial. Solo el 48% de los municipios cuenta con un juez, lo que refleja la inequidad en la distribución de los servicios judiciales. A esto se suma la opacidad en la gestión judicial, que dificulta el monitoreo ciudadano y alimenta la percepción de corrupción. La ausencia de información desagregada y actualizada sobre los procesos judiciales también limita la capacidad de los actores sociales para exigir rendición de cuentas.

Desde 2011, En nuestro país se implementó un sistema de elecciones judiciales para la selección de magistrados de altas cortes, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, la elección de ayer debía realizarse hace un año, ya que el mandato de las autoridades fenecía a finales de diciembre de 2023.

Sin embargo, la selección de los candidatos por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional se interrumpió por determinación del TCP y hoy por fin se realizó, aunque de manera parcial.

Esta medida, diseñada para democratizar el acceso a estos cargos, ha generado resultados contraproducentes. Los candidatos suelen ser preseleccionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, dominada por el partido gobernante, lo que limita la pluralidad y fomenta la instrumentalización del poder judicial. Además, la mayoría de la población carece de conocimientos suficientes sobre los candidatos y sus trayectorias, lo que convierte las elecciones en un ejercicio simbólico más que en una decisión fundamentada.

Los bajos niveles de participación y el alto porcentaje de votos nulos y blancos reflejan la desconfianza de la ciudadanía hacia este mecanismo, debilitando la legitimidad de las autoridades electas. En lugar de fortalecer el sistema, las elecciones judiciales han perpetuado la crisis de confianza y la inestabilidad institucional, agravando los problemas ya existentes.

Para abordar estas deficiencias, es necesario implementar una reforma integral que priorice la independencia judicial, la transparencia y la participación ciudadana. Una parte fundamental de esta reforma debe centrarse en el método de nombramiento de los magistrados. Este organismo debería estar compuesto por representantes de diversos sectores: academia, sociedad civil, abogados independientes y magistrados retirados. Su función principal sería supervisar el proceso de selección y garantizar la imparcialidad.

Los candidatos deberían ser evaluados mediante concursos de méritos y exámenes públicos, centrados en su trayectoria profesional, ética y conocimiento jurídico. La información sobre los postulantes debería ser accesible a toda la población para fomentar la participación informada. Los magistrados y jueces deberían someterse a capacitaciones constantes para actualizarse en materia legal y de derechos humanos. 

También sería necesario implementar un sistema de evaluación periódica de su desempeño, con criterios claros y objetivos.

El poder judicial debe contar con un presupuesto propio, aprobado y gestionado de manera independiente del Ejecutivo, para garantizar su operatividad sin injerencias externas.

Además, es esencial desarrollar programas de educación cívica que fomenten el respeto por la ley y la participación de los ciudadanos en el fortalecimiento de la justicia.

La crisis de la justicia en Bolivia no es insuperable, pero requiere un compromiso genuino de las autoridades y la sociedad civil para implementar cambios estructurales.

Reformar el método de nombramiento de magistrados es un paso crucial para garantizar la independencia judicial y reconstruir la confianza ciudadana. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema judicial eficiente, transparente y equitativo que responda a las necesidades del pueblo boliviano. esa puerta de migración.