La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley del Protocolo de Adhesión de Bolivia al Mercosur. El proyecto pasará para su revisión al Senado para que sea sancionado y, posteriormente, promulgado, de acuerdo con el ordenamiento constitucional vigente en el país.
Más allá de que, por fin, los representantes nacionales volvieron a trabajar después de meses de inactividad, es preciso apuntar que para que el país sea miembro pleno del Mercado Común del Sur deberá adecuar su legislación para ponerla a tono con las exigencias legales de su futuro nuevo estatus, aspecto que demandará por lo menos cuatro años.
El Mercosur permite, en términos simples, la libre circulación de personas y productos por los Estados miembros plenos. Si bien ya no se requiere de un pasaporte para ingresar, por ejemplo, a Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay, los tratados migratorios internacionales establecen limitaciones para las personas procedentes del país cuando visitan los países limítrofes.
Sin embargo, quizá lo más importante es que este acuerdo supranacional permite la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, a través de la eliminación de los derechos aduaneros, el establecimiento de un Arancel Externo Común y la adopción de una política comercial común en relación a terceros u otros organismos de integración multilaterales, y la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados parte que aseguren una competencia en condiciones adecuadas.
En pocas palabras, los productos manufacturados en Bolivia podrán ser comercializados en cualquiera de los países sin el pago de un arancel, pero lo más importante es la capacidad de negociación con otros bloques de integración para el intercambio comercial.
El Mercosur ofrece un mercado compuesto por unos 300 millones de personas. Industriales y las empresas estatales deberán optimizar sus mecanismos de producción de bienes para ser competitivos ante semejante demanda de bienes.
El sector privado deberá dejar de creer que los únicos buenos negocios se hacen con el Estado, sino que deberá tener en cuenta el desafío que le plantea la participación boliviana en el Mercosur.
El Estado, a su turno, tendrá cuatro años para adecuar su legislación interna para adecuarla a la normativa de este grupo creado hace 33 años.
