• Seguridad
  • Carmen Challapa

27/3/2025.- El Juzgado de Sentencia Penal Cuarto de Cochabamba decidió suspender por tiempo indeterminado el inicio del juicio oral por los hechos de pederastia en que incurrieron sacerdotes católicos, debido a cuestiones técnicas y jurídicas. 

Este caso involucra a dos ex responsables de la Compañía de Jesús en Bolivia, Marcos Recolons (81) y Ramón Alaix (83), por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el jesuita Alfonso Pedrajas (Pica) contra al menos 85 niños y adolescentes en un internado del departamento de Cochabamba.

El secretario de Relaciones Internacionales de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), Edwin Alvarado, explicó que la primera suspensión del juicio se debió a que las víctimas no habían sido notificadas oportunamente, por lo que presentaron un memorial de apersonamiento en el caso. Además, uno de los acusados sufría algunos problemas de salud.

“Presentamos un memorial de apersonamiento, pero al regresar para la notificación, nos solicitaron presentar otro memorial. Me apersoné con mi nombre propio, pero fue rechazado bajo el argumento de desconocimiento, ya que mi testimonio fue dado bajo un seudónimo. Por lo tanto, tuve que enviar otro memorial para aclarar mi identidad y que la Fiscalía ya conocía mis generales de ley”, explicó Alvarado.

Dos sobrevivientes presentaron ayer la acusación particular y se espera que otra víctima, residente en el departamento de Oruro, haga el mismo trámite dentro de los próximos ocho días. Una vez presentada la última acusación, los procesados dispondrán de un plazo de 10 días para ser notificados, presentar documentos de descargo y preparar su defensa para el desarrollo del juicio oral.

Carta al presidente 

El borrador de un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Boliviano genera preocupación en la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), ya que, según sus representantes, la Iglesia Católica pretende generar impunidad y restringir el acceso a la justicia para las víctimas de pederastia.

El convenio pretendería reconocer la inviolabilidad de archivos, registros y documentos, no sólo de la Conferencia Episcopal, sino también de las curias episcopales, de los institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, así como de otros organismos dependientes de la iglesia Católica.

“Pretenden erigir un muro para evitar investigar y esclarecer denuncias de abuso sexual y otros delitos perpetrados por cualquiera de sus miembros. Las congregaciones religiosas utilizan sus estructuras para ocultar y encubrir pruebas de abuso sexual eclesial e incurren en el delito de encubrimiento. 

Recordemos que la Fiscalía confiscó más de 12 mil páginas de documentación y evidencias de los ultrajes cometidos por Pica, Lucho Roma y otros abusadores sexuales jesuitas”, refirió Wilder Flores, presidente de las víctimas