- Política
- Susana Salinas
27/10/2025.- A dos semanas del relevo presidencial del próximo sábado 8 de noviembre, la Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, vuelve a ocupar un lugar central en el debate político boliviano. La norma dispone que las autoridades salientes —presidente y vicepresidentes, alcaldes y ejecutivos de entidades estatales que administren recursos fiscales— deben permanecer en territorio nacional durante tres meses después de la conclusión de su mandato o su destitución.
“El arraigo ya está vigente. Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, indicó al respecto la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, al incidir en la vigencia de la ley y su impacto real.
De ese modo, el presidente saliente, Luis Arce Catacora, al entregar el mando el 8 de noviembre próximo, deberá permanecer en Bolivia hasta el 8 de febrero de 2026, para cumplir la ley.
Una carta de la Contraloría General del Estado (CGE), enviada a la senadora Simona Quispe hace unas semanas, puntualiza que la ley “establece la obligación de permanencia en el territorio nacional por tres meses para determinadas autoridades que cesen en sus funciones y dispone que la Contraloría remita la información a la Dirección General de Migración.”
La Contraloría, además, menciona que toma conocimiento del cese de funciones únicamente a través de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada con el motivo de “después del ejercicio del cargo” o “asumir el nuevo cargo y concluir el anterior”. No obstante, anunció que remitirá a la Dirección de Migración la lista de autoridades que fue enviada por la senadora Quispe, entre quienes figura el presidente Luis Arce Catacora.
La versión gubernamental destaca que la medida tiene “como finalidad que las autoridades salientes entreguen toda la información necesaria a las autoridades entrantes, garantizando transparencia, continuidad en la gestión pública y, además, para evitar posibles actos de corrupción e impunidad”.
En contraste, sectores de oposición y juristas cuestionan la operatividad de la ley, al advertir que carece de tipificación clara para convertir la salida del país en un delito sancionable.
Por ejemplo, el abogado constitucionalista Israel Quino afirmó que, “al no establecer un tipo penal, no hay un delito específico por el que una exalta autoridad que salga del país sea investigada, sancionada o procesada penalmente”. Asimismo, analistas han señalado que la norma fue aprobada en un contexto de fuerte tensión política y que su recurso efectivo depende más de la voluntad institucional que del mecanismo legal en sí. De esa manera, todas las autoridades que finalicen su mandato estarán sujetas a permanecer en el país por tres meses. Migración podrá impedir la salida del país, si las tiene en el listado de las autoridades que envió la Contraloría.