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Hasta el pasado 1 de enero, la Fiscalía registró 1.359 casos de trata y tráfico de personas. Los departamentos con mayor incidencia de estos hechos son La Paz con 691; Santa Cruz, con 241, y Cochabamba, con 189. Sin embargo, no hay cifras de investigaciones exitosas.

La representante de la fundación Munasim Kullaquita, Anelís Cruz Castro, informó que de 10 casos de desaparecidos solo uno se visibiliza y los medios informan detalles de las indagaciones. Lamentó que la influencia política y la situación económica de las familias sea una limitante para que fiscales y policías lleven a cabo su trabajo con rapidez.

“Siendo realistas, si una niña de 10 años desaparece hoy y la familia no tiene la posibilidad de llegar a tener alcance en los medios o no tiene dinero para movilizar a los investigadores, esa desaparición no será visibilizada”, explicó.

Deploró que la Policía y la Fiscalía aceleren los trabajos investigativos cuando hay presión social, o se trata de una persona que tiene cierta influencia o pertenezca a familias solventes.

“No tendría que haber esas diferencias porque todos son víctimas de trata y tráfico, tengan o no tengan recursos. Muchas familias no tienen dinero para ir todos los días a la Policía o Fiscalía para ver cómo está su caso, pero eso no debe ser una limitante para que los trabajos de búsqueda continúen”, manifestó.

En el país, padres y madres de víctimas de trata y tráfico formaron la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas y Delitos Conexos, compuesta por delegados de diferentes departamentos del país. Cada padre de familia distribuye los boletines de desapareción en su zona, en esperan de encontrar a sus seres queridos.

El 4 de julio de 2014, en el municipio de El Alto, Lidia reportó la desaparición de su hija, Juliva Nina Ramos, de 21 años, quien desapareció después de haber asistido a sus clases en la Universidad Pública de El Alto. “Ella llegaba de sus clases máximo hasta las tres de la tarde, pero ese día ya no volvió. Le llamé a su celular, pero estaba apagado. Denuncié a la Policía, pero, solo convocaron a declarar a mi hija menor, como culpándonos a nosotros”, refirió. En este caso específico, a casi 10 años de la desaparición aún no se hizo la triangulación de llamadas, al contrario, sostuvo que hubo irregularidades durante el desarrollo de investigación a lo largo de todo este tiempo.

“Cuando fui a denunciar la desaparición de mi hija, había otras cinco madre quienes reportaban que sus hijas se perdieron en las mismas circunstancias, nos hemos movilizado internamente y logramos descubrir que existía una relación en todos estos casos, había llamadas a Perú”, explicó, pero los uniformados no siguieron tan importante pista.

En su desesperación acudieron a los yatiris de El Alto, pero no obtuvieron resultados positivos. “Fuimos donde leen coca, pero igual nos han estafado, ahora sólo esperamos la justicia divina, porque no confiamos ya en la Policía”, afirmó.

Padres las personas desaparecidas sostuvieron reuniones en diferentes oportunidades con ministros, y otras autoridades de Gobierno, fueron derivados a abogados del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), pero sus procesos no tuvieron avances valiosos.

La representante de la Fundación Munasim Kullaquita explicó que en algunos casos como el de la bebé Daylin, se logró identificar a redes de trata y tráfico con el mismo modus operandi en Perú, pero que este hecho no se visibiliza en el país.

“Hay niños y adolescentes que están desaparecidos por 10 a 15 años, y resurgen producto de un reportaje o algo coyuntural, ahí nuevamente la investigación se activa, pero después de un tiempo, todo vuelve a caer”, explicó. Mientras tanto, madres y padres esperan ansiosos tener algún dato sobre sus hijas.

Por: Carmen Challapa