- Sociedad
- Wilma Pérez
La construcción del Instituto Gastroenterológico de cuarto nivel en La Paz se ha convertido en un caso emblemático de presuntas irregularidades en la gestión pública debido a que enfrenta un escenario crítico que apunta a su inviabilidad definitiva.
La Fiscalía identificó indicios de responsabilidad penal en la ejecución de una obra que, pese a una inversión superior a 711 millones de bolivianos, presenta fallas estructurales que impiden su puesta en marcha.
El fiscal Wilson Medrano, asignado al caso, identificó irregularidades sustanciales en la ejecución de este proyecto emblemático
El contrato, suscrito en julio de 2018 bajo la modalidad “llave en mano”, obligaba a la empresa Maquiver a cumplir las fases de preinversión, inversión y operación. No obstante, informes técnicos del Colegio de Ingenieros de Bolivia y del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas revelaron que el terreno no posee la aptitud necesaria para sostener un inmueble de semejante magnitud.
A pesar de estas advertencias, en septiembre de 2024 se firmó un acta de recepción provisional sin observaciones. Meses después, un deslizamiento de tierra afectó la estructura y expuso la fragilidad de la construcción.
Esta omisión de los fiscalizadores permitió el desembolso de recursos del Tesoro General del Estado (TGN) sin que la obra cumpla su función.
Para la Fiscalía, este hecho refleja una cadena de omisiones tanto de la empresa como de las instancias estatales responsables de la supervisión.
Ante estos indicios, la Fiscalía procedió a la imputación formal del representante legal de la contratista por los delitos de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato, además solicitó su detención preventiva, por seis meses, en San Pedro.
En total, 15 personas están bajo investigación, entre quienes se cuenta a exautoridades, técnicos y exdirectores de la entidad estatal responsable, además de una exministra de Salud, quien será convocada a declarar.
El proceso busca determinar responsabilidades por contratos lesivos al Estado e incumplimiento de contrato. La investigación también contempla una pericia geológica que definirá si el terreno puede sostener la obra o si el proyecto carece de viabilidad definitiva.
Mientras el caso avanza, el hospital permanece sin uso y sin cumplir la función social para la que fue concebido. La millonaria inversión pública, hoy cuestionada, se convierte en símbolo de fallas estructurales en la planificación, control y ejecución de obras estatales.