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El secretario ejecutivo de Unidad Nacional (UN), Roberto Moscoso, ratificó la postura de su partido en la oposición después más de 300 días de incumplimientos gubernamentales en materia económica. Moscoso urgió un “giro de timón” para refrenar la inflación y la escasez de dólares, al tiempo que exigió total transparencia en el Ministerio Público frente a los recientes cuestionamientos internacionales sobre el fiscal Róger Mariaca.

Ante la compleja situación del país, ¿cuáles son los temas económicos urgentes que preocupan a Unidad Nacional y qué medidas plantean para subsanar la crisis?


Nuestra mayor preocupación es la crisis económica que golpea directamente el diario vivir de la población y eleva el costo de la vida. Consideramos urgente que el Gobierno de Rodrigo Paz o la actual administración generen políticas efectivas para proteger a los sectores más vulnerables.


Es fundamental estabilizar la economía nacional al abordar la escasez y nivelación del dólar, garantice el abastecimiento de gasolina y diésel, frene la inflación y reactive el empleo. Para evitar que el costo de la crisis caiga sobre las familias más necesitadas, planteamos un “giro de timón” que incluya un fondo social de emergencia para la creación rápida de empleo, el control preventivo de las tarifas de pasajes y el cumplimiento del bono PP (Productividad y Progreso) que fue comprometido por el Gobierno de Rodrigo Paz.

¿En qué momento y por qué razones se rompió la confianza de Unidad Nacional con el Gobierno y se consolide su postura en la oposición?


El distanciamiento ha surgido paulatinamente. Nosotros nos declaramos formalmente en oposición hace más de dos meses debido al incumplimiento de compromisos clave. Propusimos implementar un nuevo modelo económico alternativo al del Movimiento al Socialismo (MAS) en un plazo de 100 días; sin embargo, ya han pasado más de 300 días y no se ha concretado. Aunque el Gobierno parece buscar un acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ese no es un modelo nacional.


A esto se suma la falta de transparencia en la gestión actual, que muestra indicios de irregularidades, y el hecho de que todos los nombramientos estatales se hubieran manejado bajo criterios de cuotas ciudadanas en lugar de institucionalizar el Estado. No obstante, el diálogo en democracia siempre es viable. La posibilidad de volver a respaldar al Gobierno no depende de nosotros, sino de que la gestión asuma un giro estructural: abandone las viejas prácticas administrativas del MAS, transparente las instituciones públicas y ejecute verdaderas políticas de alivio social.

A pesar del distanciamiento político, ¿considera que hay aspectos positivos o logros rescatables en lo que va de la gestión del Presidente?


Por supuesto que hay temas positivos. Como bloque político, hemos respaldado en la Asamblea Legislativa Plurinacional la aprobación de créditos y préstamos internacionales destinados a la reactivación económica del país. Asimismo, hemos apoyado de manera firme todas las medidas políticas enfocadas en contrarrestar la línea de pensamiento ideológico del MAS y las prácticas de los viejos gobiernos. Nuestro norte es claro: apoyaremos cualquier iniciativa gubernamental que busque recuperar la economía en beneficio de los más pobres, restaurar la democracia y consolidar la institucionalidad del Estado.

Ante la actual conflictividad e incertidumbre institucional, ¿cuál es la postura de Unidad Nacional respecto a la situación del Fiscal General y los procesos de investigación como el caso Cerimedo?


Observamos los recientes acontecimientos con mucha sorpresa. Contamos con los antecedentes internacionales emitidos por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que retiró el visado a una decena de personas y emitió declaraciones que observaban presuntas irregularidades vinculadas a Róger Mariaca. Estamos a la espera de un pronunciamiento oficial del Ejecutivo para fijar una postura definitiva al respecto.


Lo que Unidad Nacional sostiene de forma tajante es que el Ministerio Público debe estar estrictamente al servicio de la ciudadanía y no de intereses políticos. Esta institución es la columna vertebral de la lucha contra la criminalidad, por lo que investigaciones de alto impacto —como el caso Cerimedo y vínculos con desinformación y redes de desestabilización— deben continuar con total rigor, independientemente de si se imputa formalmente o no a las autoridades observadas.

¿Cómo evalúa la fragmentación en la Asamblea y casos de transfugio como el del diputado Nilton Condori, quien rompió filas con Unidad Nacional?


Esto es un reflejo de la profunda crisis política y de representación que atraviesan los partidos en Bolivia. Es una crisis provocada en parte por el desgaste del tiempo, pero fundamentalmente por reformas normativas heredadas desde la época del expresidente Carlos Mesa, que se diseñaron deliberadamente para debilitar y destrozar la estructura de los partidos políticos tradicionales.


Como consecuencia, hemos perdido la mística de la militancia comprometida y de la discusión ideológica orientada al proyecto de país. Hoy en día, lamentablemente, muchas personas perciben la política únicamente como una plataforma de ascenso económico personal. El desafío actual de las organizaciones políticas es trabajar arduamente para recuperar la confianza de la sociedad, bajo la premisa inequívoca de que sin partidos políticos sólidos no hay democracia de largo plazo.