P oco a poco se conocen los detalles del plan golpista del pasado 26 de junio. Los datos, objetivos y que fueron corroborados por las declaraciones de Juan José Zúñiga, muestran que aquello de que el Presidente le pidió hacer algo para que recupere su popularidad fue una salida desesperada al verse perdido y sin el menor apoyo de sus propios camaradas uniformados.
Una movilización militar de estas características no se improvisa. Debe responder a una planificación, por mínima que ésta sea. Y si se confirma aquella versión de que los golpistas esperaban la llegada de naves de la Fuerza Aérea Boliviana y cinco francotiradores no se puede menos que pensar que entre los cálculos de los insurrectos se contaba desatar un baño de sangre, si algo fallaba o si la resistencia popular era más fuerte de la que podría esperarse.
A estas alturas, resulta ingenuo pensar que Zúñiga actuó como lo hizo ante la posibilidad de que sea relevado de la Comandancia del Ejército, pues todo oficial sabe que después de algún tiempo debe ceder su destino a un efectivo de una promoción inferior y pasar a la reserva activa y, posteriormente, al servicio pasivo de las Fuerzas Armadas.
Importante será esclarecer quién o quiénes estuvieron por detrás de esta jugada sobre el tablero del ajedrez político que se desarrolla a diario en el país. Y tal vez más importante todavía sea conocer cuáles fueron las motivaciones y sus verdaderos objetivos.
Da la impresión de que Zúñiga y los golpistas fueron usados por otros sectores más poderosos y que aguardan en las sombras el momento para asaltar el poder y ejercerlo. No será sencillo averiguar la verdad, pues es probable que haya intereses escondidos debajo de muchas capas de mentiras y disimulos.
Encontrar y dar a conocer la verdad de los hechos es, ahora, la principal obligación de las autoridades llamadas por ley para esclarecer hechos de esta naturaleza. Es un deber que tienen con la historia de Bolivia, con sus habitantes y con las generaciones futuras.
