- Seguridad
- Carmen Challapa
2/2/2025.- El Ministerio Público imputó a cuatro efectivos policiales de la Dirección de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz, por los delitos de cohecho pasivo y concusión. Estos policías son investigados por extorsionar 600.000 bolivianos al dueño de una casa de cambios, quien fue víctima de un atraco armado en diciembre del año pasado.
Un coronel, un teniente y dos sargentos habrían prometido a la víctima capturar a los extranjeros que lo atracaron y le robaron más de 1 millón de bolivianos, pero a cambio le pidieron 30.000 dólares, supuestamente para tener más efectividad en la investigación.
El abogado de la víctima, Horacio Toro, explicó que pedirán una sanción drástica para los cuatro uniformados, “son los policías quienes deberían defender a la sociedad y no extorsionarla”, señaló.
Sólo en el mes de enero, 50 efectivos policiales de diferentes grados se vieron involucrados en diversos hechos delictivos, como extorsión, volteo, corrupción, violencia de género, entre otros. Estos uniformados actualmente enfrentan procesos penales y disciplinarios por los delitos cometidos.
Representan el 1 por ciento
El comandante general de la Policía, Augusto Russo, afirmó que se investigarán todas las denuncias de irregularidades en las que están involucrados funcionarios policiales y que estos serán sancionados lo antes posible.
“Quiero garantizar que el 99.9% de los efectivos policiales son funcionarios y servidores de su pueblo y su patria, y que realizan su trabajo diario con sacrificio, compromiso y lealtad hacia su patria”, manifestó Russo.
Cárcel de Uyuni
Mediante sus redes sociales el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que el mayor Ruddy R. R. fue dado de baja de manera definitiva de la Policía. El uniformado fue vinculado con una red de corrupción dentro de la misma cárcel de Uyuni, en Potosí.
El ahora exoficial fue involucrado con un peligroso “autero”, recluido en ese recinto penitenciario, a quien le permitía salir del penal a cambio de beneficios económicos.“El Tribunal Disciplinario departamental de Potosí determinó la destitución de este uniformado, sin derecho a reincorporación”, escribió Del Castillo.