La corrupción acecha a la Aisem

La intervención policial del miércoles 21 a la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) volvió a poner bajo escrutinio a una entidad que administra recursos destinados a construir hospitales y equiparlos. 

La investigación por presuntos cobros a trabajadores para conservar sus puestos llegó siete meses después de otra denuncia por supuestas irregularidades en contrataciones. Entre ambos episodios, tres directores pasaron por la entidad.

El presupuesto de la Aisem para 2026 asciende a 321,77 millones de bolivianos, de los cuales 304,66 millones corresponden a inversión. La magnitud de esos recursos plantea la pregunta sobre mecanismos de control de una agencia, cuya labor tiene repercusiones en el sistema público de salud.

Cobros paraconservar empleo
La semana pasada, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) intervino las oficinas de la Aisem tras denuncias de presuntos cobros a funcionarios. La diputada de Alianza Libre, Cecilia Vargas, explicó que a los trabajadores les exigían entregar desde medio sueldo hasta la totalidad de sus ingresos a cambio de mantener sus puestos, bajo amenazas de desvinculación.

Los denunciantes describieron presiones y citaciones en oficinas en las que, según Vargas, se les pedía no ingresar con teléfonos celulares. Algunos solicitaron protección de identidad por temor a represalias personales.

Durante el operativo, policías precintaron oficinas y secuestraron documentos y equipos informáticos. Dos funcionarios están aprehendidos por los presuntos delitos de concusión y cohecho pasivo. Las investigaciones deberán establecer las responsabilidades individuales y determinar si hay más afectados.

Vargas relató que los efectivos solicitaron por teléfono la presencia de la directora ejecutiva, Mary Daniela Quiroga, para revisar documentación y otros elementos de su despacho. La legisladora, quien estuvo en la intervención, dijo que la autoridad respondió que no acudiría porque atendía otros asuntos. Posteriormente, los efectivos ingresaron a su oficina como parte de las diligencias.

El antecedente que sigue abierto
En marzo pasado, la entonces directora de la entidad, Verónica Casablanca, fue desvinculada tras una denuncia por el supuesto cobro de una comisión del 10 por ciento del valor de un proyecto a una empresa adjudicataria. El caso no se cerró con su salida.

Según los antecedentes recabados, Casablanca es parte de entre 30 y 40 personas investigadas por presuntas irregularidades que abarcan procesos de contratación y la construcción de un hospital en Trinidad, Beni. Las denuncias incluyen posibles delitos de incumplimiento de deberes, concusión, cohecho, conducta antieconómica y daño económico al Estado. La exdirectora se presentó a declarar ante las autoridades fiscales y policiales. El proceso permanece en etapa investigativa y el Ministerio de Salud se ha constituido en parte querellante.

Tras la salida de Casablanca, David Luis Crespo asumió la dirección en marzo y lo echaron del cargo, el 11 de mayo, bajo el argumento de una reestructuración institucional. Ese día fue posesionada Mary Daniela Quiroga, cuya gestión está ahora bajo cuestionamiento tras la intervención.

Después del primer caso, la ministra de Salud, Marcela Flores, anunció auditorías y controles rigurosos, sin embargo, no se cuenta con información para establecer qué medidas se ejecutaron. Además, después de la intervención indicó que consultará con el presidente Rodrigo Paz su continuidad.

Vargas afirmó que los dos episodios son diferentes y sus responsabilidades deben establecerse por separado. La investigación penal determinará quiénes participaron en los presuntos cobros; “el Ministerio de Salud debe explicar qué mecanismos de supervisión funcionan en la Aisem y qué medidas se adoptaron para prevenir irregularidades”.