- Economía
- Armin Copa
El Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el recurso final presentado por el Estado Plurinacional para anular la indemnización a favor del banco español BBVA. La resolución judicial confirma que el país debe desembolsar 105 millones de dólares debido a las irregularidades registradas durante el proceso de nacionalización del sistema de pensiones. Esta sentencia adquiere un carácter firme y definitivo, lo que cierra las puertas a nuevos intentos legales en tribunales extranjeros para revertir el laudo arbitral emitido años atrás.
El conflicto legal tiene su origen en 2010, cuando la administración de las Administradoras de Fondos de Pensiones pasó a manos estatales. La entidad financiera argumentó ante instancias internacionales que el traspaso hacia la Gestora Pública ocurrió bajo un ambiente de incertidumbre jurídica y demoras injustificadas que perjudicaron sus operaciones. Aunque Bolivia defendió su derecho a la nacionalización, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones determinó que el procedimiento aplicado vulneró los derechos de la inversora extranjera.
La determinación del máximo tribunal neerlandés también impone a Bolivia la responsabilidad de cubrir los gastos procesales del juicio. Fuentes jurídicas indican que la justicia no encontró fundamentos válidos para cuestionar el fallo previo, al considerar que la defensa boliviana no planteó argumentos que alteren el derecho vigente. Con este desenlace, el Gobierno enfrenta la obligación de cumplir con el pago pactado, poniendo fin a una disputa que se extendió por más de una década en escenarios globales.