- Sociedad
- Wilma Pérez
El ideal de una maternidad protegida se transforma en una angustiante espera para muchas madres en Bolivia. Desde finales del año pasado, el pago del Bono Juana Azurduy (BJA) presenta interrupciones que afectan la economía de los hogares más vulnerables.
Lo que antes era un proceso regular, hoy es un laberinto de oficinas cerradas, grupos de comunicación silenciados y una plataforma digital que no ofrece respuestas, como lo constató este medio informativo.
La situación se agravó tras la decisión de la actual gestión del Ministerio de Salud. Sin anular el Decreto Supremo que rige al BJA, la administración de la ministra Marcela Flores optó por la centralización absoluta del programa.
Esta medida implicó el cierre de las oficinas nacionales y de las nueve regionales que operaban en cada departamento hasta diciembre de 2025. Los activos, desde mobiliario hasta las camionetas que trasladaban a los técnicos a las zonas rurales, pasaron a manos de cada Servicio Departamental de Salud (Sedes) en calidad de custodios, muchas veces bajo presión, según informaron a este medio.
El Bono Juana Azurduy es un incentivo económico y de salud de Bolivia, creado en 2009, destinado a mujeres embarazadas y niños menores de dos años sin seguro social. El objetivo es reducir la mortalidad materna-infantil y desnutrición crónica a través de pagos condicionados a controles prenatales y médicos para el niño, hasta cumplir dos años.
Esta reestructuración administrativa trajo consigo la ruptura de convenios fundamentales. La falta de renovación del contrato con el Banco Unión dejó en el aire el cronograma de cobros para las beneficiarias.
Sin transporte para los técnicos, las comunidades alejadas donde no existen agencias financieras perdieron el acceso no sólo al dinero, sino también al subsidio alimentario.
RECLAMOS SIN UNA RESPUESTA
En los centros de salud de La Paz, el panorama es desolador. Una madre residente en Bajo San Pedro relató que a que su hijo, quien cumplirá un año, solo recibió dos pagos de todo el ciclo.
“No pagan desde el año pasado. Han dejado de pagar noviembre, diciembre y comenzaron a silenciar el grupo. Actualmente ya no se puede enviar mensajes al grupo que tiene cada centro de salud, sólo nos conectamos por grupos de WhatsApp que crearon las madres”, especificó.
El grupo de contacto donde las beneficiarias recibían información también fue silenciado por los administradores.
La incertidumbre crece ante el cambio constante de responsables del programa, lo que obliga a las madres a reiniciar trámites burocráticos una y otra vez sin éxito, a pesar de denuestos al “Estado tranca”.
El malestar se extiende a las redes sociales, en las que denuncias desde Oruro, Beni, Cochabamba, Potosí y otros puntos del país coinciden en un mismo problema: el “ruleteo” administrativo.
Las madres acuden a la Gestora Pública en busca de soluciones para el pago de los bonos PEPE y BJA, pero sólo reciben promesas de fechas que nunca se cumplen.
El sistema web del programa permanece fuera de servicio o muestra observaciones inexistentes que inhabilitan a las usuarias en forma arbitraria.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud guarda silencio y evita dar información oficial sobre la fecha de reanudación de los pagos o el destino de los recursos.
Para muchas familias, estos bonos representan el único apoyo para la nutrición y salud de sus hijos en un contexto económico complejo. La desaparición de las oficinas regionales dejó a las madres sin una instancia cercana a la que acudir.