- Política
- Susana Salinas
Amenos de tres semanas de que las autoridades municipales electas asuman sus cargos, a principios de mayo, los procesos de transición en La Paz y El Alto pasaron de la cordialidad protocolar a una serie de acusaciones.
Bajo una fachada de “mesas técnicas”, emerge la falta de acceso a información financiera y el temor a una “limpieza de archivos” de último minuto entre salientes y entrantes.
En la sede del gobierno, el traspaso entre el alcalde saliente, Iván Arias, y el electo, César Dockweiler, se convirtió en estas semana en el más complejo.
El equipo de Dockweiler denunció que la información recibida es insuficiente para un corte administrativo serio. Después de la revisión de las primeras 274 carpetas entregadas por la gestión de Iván Arias, los técnicos de la agrupación Ciudad Humana detectaron anomalías que frenan el avance del cronograma
Asimismo, Dockweiler señaló que gran parte de los contratos presentados aparecen en fotocopias borrosas que impiden la lectura de montos, fechas y firmas. Ante este escenario, el Alcalde electo solicitó la intervención de la Brigada Parlamentaria de La Paz para que actúe como veedora institucional y garantice la entrega de archivos digitales sin restricciones.
“No queremos que nos entreguen cajas llenas de papeles inútiles o fotocopias ilegibles. Lo que La Paz necesita es transparencia real. Hasta el día de hoy, no tenemos el detalle de la deuda flotante ni el estado real de las cuentas bancarias. Pareciera que intentan ganar tiempo para maquillar las cifras antes de irse”, señaló Dockweiler.
El equipo entrante denuncia que el acceso a los sistemas informáticos financieros es restringido y se permite sólo una visualización superficial de los pagos que se realizaron tanto a proveedores como a contratistas.
Arias, a su turno, rechazó las denuncias de falta de transparencia en la transición, a las que calificó de infundadas y defendió la legalidad del proceso, que asegura cumple la normativa vigente, mientras funcionarios de su gabinete calificaron de prematuras las observaciones del equipo de la autoridad electa.
Además, el secretario ejecutivo municipal, José Carlos Campero, afirmó que no corresponde reiniciar ni reencauzar la transición, como pidió Dockweiler, ya que el proceso se desarrolla bajo estricto cumplimiento de la norma.
En tanto, en la urbe alteña, el electo Eliser Roca activó una estrategia de fiscalización in situ con el apoyo de abogados expertos en derecho administrativo y auditores forenses. Ante el silencio administrativo de la gestión de Eva Copa en áreas sensibles como Recaudaciones y Recursos Humanos, el entrante optó por el uso de cartas notariales para fijar plazos perentorios de entrega. Paralelamente advirtió de que abrirá procesos y auditorías si observa irregularidades.
La preocupación central en El Alto radica en la supuesta firma de contratos de “personal de último minuto”. Roca anunció que no reconocerá la inamovilidad laboral de funcionarios de confianza que intenten permanecer en cargos estratégicos después de su posesión.
Además, el Alcalde electo movilizó a representantes de juntas vecinales para que vigilen físicamente la maquinaria pesada en los garajes municipales, ante el temor de una posible descapitalización de activos antes del traspaso oficial.
“Hemos venido con la mano extendida, pero nos hemos encontrado con puertas cerradas en las áreas que más nos preocupan: Recaudaciones y Recursos Humanos. No vamos a ser cómplices de una gestión que al irse, deja deudas ocultas. Si no hay transparencia ahora, la habrá a través de auditorías externas forenses desde nuestro primer día de gestión”, advirtió después de una reunión técnica.
Copa, a su vez, adoptó una postura de defensa de su gestión, rechazó las críticas de Roca y aseguró que el proceso de transición se realiza bajo estricta normativa y transparencia. Consideró que la autoridad entrante ejecuta un “show” político.
Ambos procesos de transición enfrentan un mismo obstáculo: el desconocimiento de la “deuda flotante”. Las administraciones salientes mantienen bajo reserva el detalle de los pagos pendientes a empresas constructoras y proveedores de servicios y otros rubros.