• Economía
  • Gregory Beltrán

En Chile y Ecuador se redujo la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, mientras que en México decidieron sumarse a este proceso que concluirá en 2030. En Bolivia, el sector privado solicitó al Gobierno de Rodrigo Paz iniciar las reformas laborales, pero nada se dice de que es uno de los países que no contempla rebajar ese tiempo de trabajo, en un entorno internacional que impulsar reducir estas jornadas inclusive a menos de 40 horas cada siete días.

EL PROCESO EN ALGUNOS PAÍSES

Según un estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) titulado “Reducción de la jornada laboral: evolución global y desafíos para América Latina”, Bolivia se encuentra entre los países que mantienen las 48 horas semanales en el sector privado, mientras que en el público son 40. Este informe señala que en el país las horas extras pueden extenderse a 12, con lo que se llegaría a la posibilidad de llegar a las 60 horas, cosa que ocurre en el sector doméstico, en el que se trabaja entre 48 y 60 horas.

Si bien en América Latina aún predominan los máximos de 48 horas, que se establecieron a principios y mediados del siglo XX, hay cinco países, Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Venezuela, que tienen jornadas semanales de 44 horas.

Recientemente, Colombia  y Chile han introducido reformas a la jornada laboral que están en proceso de implementación. En el primer caso, se trata de una reducción de 48 a 42 horas semanales y en el caso de Chile, que enfrenta su segunda reforma de 45 a 40 horas semanales.

Uno de los obstáculos para iniciar la discusión es la elevada informalidad que todavía predomina. Según el economista Luis Romero, la tasa de informalidad en 2025 se ubicó en 82,3 por ciento, mientras 2024 alcanzó a 83,9 por ciento.

Esto motivó a que CAF- Banco de Desarrollo conceda al país un financiamiento de 90 mil dólares para desarrollar la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, para abaratar “el acceso a la informalidad”, explicó su representante en Bolivia, Jeannette Sánchez.

Respecto a si la informalidad obedece a costos impositivos, explicó que “el sector informal no lo es porque hay impuestos solamente, son condiciones objetivas, estructurales de la economía que hace que la gente sobreviva en las condiciones en que puede”.