- Sociedad
- Armin Copa
L copajira, el líquido altamente ácido y contaminado producto de la explotación de minerales, se desliza lentamente entre pajonales y piedras hasta perderse en la tierra. Metros más allá se levanta la represa de Incachaca.
La fiscalización de la Comisión de Madre Tierra de la Asamblea Legislativa Departamental de La Paz puso al descubierto la situación ambiental crítica en el entorno de la represa de Incachaca, el principal depósito de agua potable para la ciudad de La Paz.
Tras inspecciones oculares, realizadas en octubre de 2025 y febrero de 2026, se constató que cooperativas mineras operan a pocos metros del embalse que provee de agua potable a zonas como Villa Copacabana, Miraflores, Calacoto y Obrajes, sobre las que vierten drenajes ácidos y residuos metalúrgicos sin control alguno.
La asambleísta Andrea Echeverría, impulsora de la fiscalización, denunció que cooperativas como Progreso Kalancha y Santa Albertina Quinquillosa operan con irregularidades que van desde la falta de licencias ambientales vigentes hasta inexistencia de sistemas para la recirculación de agua.
“Se detectó la generación de drenaje de mina sin sistema de captación ni tratamiento, lo que puede ser un posible impacto ambiental significativo”, detalla el informe técnico presentado por la comisión.
Durante el recorrido, los técnicos evidenciaron que el agua contaminada de las bocaminas —algunas con más de 160 metros de profundidad— desemboca directamente en la represa por canales superficiales y subterráneos. “Aparecieron bocaminas abandonadas con acumulación de residuos y riesgo de proliferación de vectores, además de residuos peligrosos dispuestos de forma inadecuada”, explicó Echeverría en entrevista con este medio.
En el caso de Quinquillosa, se verificó la falta de señalética, acumulación de basura y una gestión deficiente de los lodos de purificación, que se encontraban a centímetros de rebasar e inundar la cuenca de Incachaca.
Pese a la contundencia de las pruebas fotográficas y técnicas, la asambleísta denunció un “bloqueo sistemático” dentro de la misma Asamblea Departamental.
Según Echeverría, hubo instigación al rechazo de los informes en el pleno, bajo supuestos errores de forma para evitar sanciones administrativas y clausuras que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera debería ejecutar.
“Es inaudito que, al tratarse del agua que todos consumimos, primen intereses políticos o posibles hechos de corrupción”, sentenció la legisladora departamental, quien aseguró que continuarán las inspecciones sorpresivas pese a la resistencia de los sectores mineros que operan en esa región.