• Seguridad
Foto: Alvaro Valero/La Prensa
  • Carmen Challapa

La falta de empatía por parte de los operadores de Justicia, la excesiva burocracia, y el bajo presupuesto económico son algunas de las razones por lo que los padres, hermanos y parejas de víctimas de trata y tráfico deciden abandonar el proceso, y continuar la búsqueda por cuenta propia.


“Ellos no han pasado por este dolor, no saben que es sufrir la desaparición de un hijo, por eso preferimos dejar nuestros casos en manos de Dios…”, expresó entre lágrimas la madre de Juliva Nina Ramos, joven que fue reportada como desaparecida en 2014.


El gasto económico se hace insostenible conforme pasan los días, memoriales, trámites y la legalización de documentos, pero, también deben correr con los gastos de los investigadores asignados a cada caso. 
“Si no vamos todos los días a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y a la Fiscalía, nuestros casos quedan olvidados y nuestras carpetas archivadas”, contó la madre de Juliana Condori Hilario, niña de 12 años que desapareció el 14 de julio de 2016.


Hace más de diez años nació la Asociación de Apoyo a Familiares de Víctimas de Trata y Tráfico de Personas (ASAFAVITTP), tiene integrantes de diferentes puntos del país, este grupo de personas, gracias a la difusión de afiches, lograron encontrar a varias víctimas de trata, sin el apoyo de la Policía.


La representante de la ASAFAVITTP, Lidia Ramos, contó que unos días atrás, gracias a la difusión de afiches, lograron encontrar a una niña de 13 años reportada como desaparecida en el municipio de Chulumani, Sud Yungas del departamento de La Paz, la víctima fue encontrada en la localidad de Pailón, sección municipal de la provincia Chiquitos en el departamento de Santa Cruz.


“Es sorprendente cómo pasaron por tantas trancas y nadie controló los documentos de la niña, los padres de la víctima no confían en la Policía, por eso no denunciaron el hecho de manera formal, nosotros nos organizamos internamente y logramos evitar un caso más”, relató Ramos.


La Prensa intentó contactarse con la directora nacional de la división Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Maribel Santander, sin embargo, la autoridad policial señaló que no puede dar detalles sobre la atención y seguimiento de casos que atiende su unidad, y que debe pedir autorización al Comando General de la Policía para emitir cualquier criterio.


La representante de la fundación Munasim Kullaquita, Anelisse Cruz Castro, explicó que Bolivia aún carece de estrategias y acciones concretas para hacer frente a estos casos, además que algunos casos de trata o violencia sexual comercial, se tipifican como estupro cuando las víctimas son encontradas con adultos. “Esa situación hace que exista un alto grado de impunidad, no existe una correlación entre el número de denuncias, los casos procesados, casos resueltos y el número de sentencias”, refirió.