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  • Carmen Challapa

“Están pidiendo que vuelva el 2019, si tenemos que reventar las oficinas del Comando, lo vamos a hacer, este coronel tiene que irse lo antes posible, no sabe todavía lo que es el trópico, no sabe dónde está parado…”, es el audio enviado por un dirigente del transporte libre del trópico de Cochabamba, en rechazo a los operativos de control de la Policía en esa región.

En julio del 2023, desde el Comando General de la Policía se remitió un memorándum a todos los comandos departamentales y regionales de la Policía, en el que se ordenaba a los efectivos realizar un control de placas de identificación de los vehículos públicos y privados, con el objetivo de evitar la circulación de motorizados indocumentados que generan diferentes hechos de inseguridad.

Sin embargo, se puso resistencia, lo que puso en evidencia que, las funciones de la Policía dentro del trópico de Cochabamba, están condicionadas a la “autorización” de dirigentes de las organizaciones sociales de esa región.
El testimonio de policías que estuvieron destinados a diferentes unidades, refleja que no existe una presencia real del Estado.

“Cada nuevo comandante que llega tiene que reunirse con los dirigentes, ahí coordinan el trabajo que van a realizar y les dicen que pueden y que no pueden hacer, si los jefes no aceptan estas condiciones no duran porque tampoco se puede ir contra toda esa gente”, explicó uno de los uniformados.

Si bien, los policías cumplen con operativos de control en algunos sectores, existen zonas donde solo pueden ingresar bajo una autorización, sobre todo a zonas consideradas rojas, por la presencia de grupos de personas ligadas al narcotráfico.

“Estaba destinado a UMOPAR, y cuando estaba por caer la noche teníamos prohibido salir del cuartel, aún peor, no podíamos acercarnos al aeropuerto. Salían avionetas sin autorización, no podíamos grabar nada porque siempre estábamos bajo vigilancia de la gente”, contó otro funcionario policial.

Semanas atrás el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, informó que se identificó el tráfico de armas militares provenientes de Brasil con destino final en la región del Chapare. 

“Compran este tipo de armas para el cuidado de bandas delincuenciales y para las actividades delictivas de grupos de narcotraficantes”, refirió.

Recientemente, dirigentes de las Seis Federaciones Villa Tunari, amenazaron con ajusticiar a efectivos policiales y militares que intenten ejecutar la orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, por el caso de estupro y trata y tráfico que se sigue en su contra.

“Aquel policía y militar antipatriota que quiera obedecer a este gobierno traidor vulnerando algunos procesos judiciales, creo que vamos a tener que nomás hacer nuestra justicia comunitaria, porque no vamos a perdonar a estos policías y militares antipatriotas y corruptos”, dijo Gastón Ledezma dirigente del sector.