- Economía
- Armin Copa
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional presentó un informe técnico ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para denunciar que los pactos estatales con firmas de China y Rusia omitieron mecanismos de protección fundamentales. La entidad judicial evalúa actualmente los recursos de amparo que mantienen frenados estos proyectos mineros en la región de Potosí. De acuerdo con el organismo especializado, los acuerdos suscritos con los consorcios extranjeros vulneran de forma directa el acceso al agua, la seguridad alimentaria y el entorno ambiental de las poblaciones locales.
El documento legal cuestiona con énfasis el carácter reservado de los contratos y demanda la difusión transparente de los análisis de afectación ambiental e hidrogeológica. La institución internacional fundamenta su postura en normativas nacionales y convenios globales que obligan a las autoridades a socializar la información de interés público con las comunidades originarias. La falta de acceso a los expedientes limita de forma severa la posibilidad de deliberación interna en los territorios, por lo que el colectivo de juristas solicita levantar el régimen de confidencialidad de los textos.
La representación del organismo continental remarcó la vigencia de directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la emergencia climática que condicionan las actividades extractivas a gran escala. El dictamen recuerda al Estado la obligación de realizar un proceso de consulta de buena fe y culturalmente adecuado antes de dar curso a la explotación minera. La recomendación final al tribunal insta a sopesar el impacto social y los derechos de la naturaleza por encima de los réditos económicos de la actividad industrial.