- Política
 
- Susana Salinas
 
30/9/2025. - Con una marcha y un festival por los bosques y la vida, mujeres indígenas y campesinas; hombres, jóvenes y colectivos sociales defensores del medioambiente, se movilizaron ayer en La Paz para expresar su protesta ante las trabas al tratamiento del proyecto de Ley 118, “Ley por los Bosques y otros Sistemas de Vida”, que no avanza en la Asamblea Legislativa.
Los movilizados presentaron 13 puntos, contenidos en un pliego petitorio, que piden que sea considerado ”antes de la transición”.
“Mientras se dice plurinacional, la Asamblea Legislativa nos deja de lado a los indígenas, dejan de lado la ley de bosques que hemos elaborado, que hemos socializado en los territorios, como organizaciones matrices, pero no nos hacen caso. Por eso, pedimos y exigimos a todos los asambleístas que se pongan a trabajar”, sostuvo una de las oradoras.
“En nuestro pliego denunciamos la impunidad que permite la destrucción de nuestros territorios y exigimos acciones inmediatas que frenen la devastación”, se lee en un manifiesto.
Entre las demandas más relevantes, plantean que autoridades de los gobiernos central y las subnacionales presenten informes sobre prevención y mitigación de incendios forestales.
También, proponen que la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo y el Órgano Judicial retomen la agenda medioambiental, con medidas destinadas a frenar los incendios forestales, detener la deforestación y preservar las áreas protegidas. Denunciaron, además, que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera fomentan las invasiones de terrenos, autorizan desmontes, dotan irregularmente tierras y habilitan concesiones mineras por encima de los territorios indígena originario campesinos y, lo que es peor, sin consulta previa. También, exigen al Ejecutivo la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental Nacional.
El reclamo a las autoridades del Legislativo para probar la Ley 118 es impulsado por diversas organizaciones de mujeres indígenas, entre ellas la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB), en coordinación con la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC), entre otros sectores ambientalistas. El proyecto de ley fue repuesto en la Asamblea este año y se encuentra en tratamiento, aunque fue presentado en varias legislaturas anteriores, lleva bastante demora. Su ingreso más reciente al Senado fue registrado el 12 de diciembre de 2024 y, ahora “requiere de la movilización de la sociedad civil para mantenerlo en la agenda legislativa” del Estado.
El proyecto enfrenta resistencia en sectores económicos y políticos, porque propone cambios significativos en la gestión de tierras con la modificación de la función económica y social y busca anular normas que promueven la deforestación.