- Sociedad
- Susana Salinas
En medio de un “ambiente cruel, inhumano y degradante”, 556 indígenas y campesinas purga sentencias en cárceles del país.
El informe, rotulado como “Mujeres en cárceles de Bolivia”, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y presentado ayer por la Defensoría del Pueblo, revela que, a noviembre de 2023, había 1.187 reclusas en los penales de todo el territorio nacional.
El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, explicó que para el informe temático se entrevistó a 278 privadas de libertad.
Los testimonios fueron recogidos entre noviembre y diciembre de 2023 por el MNP, en visitas a 11 centros penitenciarios femeninos de zonas urbanas y rurales.
En el caso de las privadas de libertad pertenecientes a poblaciones o naciones indígenas originarias campesinas, éstas se identifican con los pueblos tsimane, quechua, qhara qhara y guaraní, quienes sufren la vulneración de derechos básicos, como el hacinamiento, la falta de atención médica y el abuso del poder judicial y policial.
Pero, además de ello, “son discriminadas por su origen indígena, tratándolas de ‘indias’”, se destaca en parte del documento, en el que se narra también la historia de una mujer trasladada de una comunidad indígena tsimane a un recinto penal. Para hablar con ella se requiere del apoyo de un traductor.
De acuerdo con Régimen Penitenciario, la población total de personas privadas de libertad, a junio de 2024, llegó en todo el país a 30.978 personas, de las cuales 2.150 son mujeres , aunque este dato difiere del informe defensorial.
“A menudo, las mujeres detenidas se encuentran en una situación de vulnerabilidad, incluso antes de entrar en prisión, a causa de la violencia o la discriminación que sufrieron a lo largo de sus vidas. Muchas tienen un pasado marcado por la violencia doméstica, la explotación, el uso o tráfico de drogas y la pobreza”, según el informe que pone en evidencia que, en su mayoría, purgan penas por el tráfico de sustancias controladas (542 detenidas), robo agravado (194), suministro de sustancias controladas (158) y asesinato (142), entre los delitos recurrentes. Sólo cinco mujeres incurrieron en el delito de falsedad ideológica.
Existe coincidencia en que el uso indiscriminado de la prisión preventiva genera hacinamiento y sobrepoblación, que conlleva múltiples problemas, entre ellos el de la alimentación.
Callisaya demandó a las autoridades de las gobernaciones el cumplimiento oportuno del pago del prediario, (ocho bolivianos diarios, que suman 248 al mes). Hay recintos, como sucede en Cochabamba, no se paga desde hace tres meses, lo que obliga a las reclusas a caer en una red interna de “prestamistas”, quienes apelan a mecanismos coercitivos para “cobrar” las deudas y se agrava su vulnerabilidad.
Cinco de cada 10 son madres o embarazadas
El informe “Mujeres en cárceles de Bolivia”, reveló que más de la mitad de las privadas de libertad están embarazadas (cinco), o son madres de niñas y niños menores de seis años (145), quienes viven junto a ellas en reclusión. En el primer caso, se canaliza la ayuda del Bono Juana Azurduy, mientras que en el segundo, los niños están en total abandono. Las madres comparten prediarios y los niños no reciben atenciones básicas para su supervivencia.