- Seguridad
- Carmen Challapa
La explotación de oro en el norte del departamento de La Paz se incrementa a medida que sube el precio de este mineral y con ello también aumenta la “demanda” de menores de edad con fines de explotación sexual. Días atrás, dos adolescentes de 13 y 17 años fueron rescatadas de la mina de Mapiri, ambas de nacionalidad brasileña.
El director departamental de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Julio César Andia, advirtió a los padres de familia tener cuidado con sus hijas menores de edad, ya que las redes internas de trata y tráfico están operando con más frecuencia para cubrir la demanda de los mineros nacionales y también extranjeros.
“Podría tratarse incluso de una red internacional de trata y tráfico de personas, las dos jóvenes no fueron captadas por las redes sociales, tuvieron contacto con una persona particular, no podemos dar más detalles porque se trata de un tema muy delicado”, refirió el jefe policial.
La coordinadora de Munasim Kullakita, Anelisse Cruz Castro, mencionó que no hay cifras exactas sobre los casos de trata y tráfico con fines de explotación sexual, pero se estima que del 100 por ciento de denuncias que reciben de desaparición de adolescentes, el 20 por ciento podría corresponder a menores de edad que son trasladadas a zonas mineras.
“Esta situación no es nueva, pero se está viendo que hay más casos y estos son cada vez más delicados. Identificamos las regiones de Mapiri, Caranavi, Palos Blancos y Guanay donde se evidenció que existe la explotación sexual de menores de edad, y esto se debe a la alta demanda de las empresas mineras que trabajan en esas regiones”, explicó.
En el norte paceño se identificó a extranjeros colombianos y chinos, principalmente, las autoridades temen que por eso el tráfico de adolescentes se haya extendido fuera de nuestras fronteras.
Durante la realización de intervenciones de la Policía se encontró a adolescentes reportadas como desaparecidas en los departamentos de La Paz y Cochabamba, las víctimas se encontraban en bares clandestinos donde estaban siendo prostituidas.
Sin presupuesto
Tras un estudio realizado por Munasim Kullakita y otras instituciones se evidenció que para todos esos municipios hay una oficina de la Defensoría de la Niñez con tres funcionarios que deben recorrer largas distancias para llegar hasta las zonas mineras. A eso se suma que no cuentan con vehículos adecuados ni con la dotación de gasolina suficiente.
“En los bares del pueblo, ahí es donde prostituyen a las víctimas. Hemos realizado visitas a estos sectores y les explicamos que es un delito obligar a una menor de edad a mantener relaciones sexuales por dinero, pero muchos clientes dicen que las víctimas parecen adultas y que no preguntan sus edades”, refirió Cruz.