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El viceministro de defensa del consumidor, Jorge Silva, anunció que los especuladores de productos enfrentarán medidas legales que podrían resultar en condenas de hasta 10 años de cárcel. Esta advertencia se enmarca en la conformación del Consejo de Seguridad Alimentaria, creado en coordinación con el gobierno central, municipios y gobernaciones.
El objetivo del Consejo es llevar a cabo un riguroso control sobre el peso y el precio de los productos básicos, asegurando que se respeten los derechos de los consumidores y se evite la especulación en el mercado. Según Silva, aquellos comerciantes que sean sorprendidos especulando con los precios de los productos se enfrentarán a una serie de sanciones. En primera instancia, los productos serán decomisados y enviados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para su venta a un precio justo.
En caso de reincidencia, se procederá con acciones legales contra el especulador, bajo la acusación de enriquecimiento ilícito, un delito que en Bolivia podría conllevar penas de hasta 10 años de prisión. Silva enfatizó que estas medidas buscan proteger la economía de las familias bolivianas y garantizar un acceso equitativo a productos esenciales.