- Política
- Susana Salinas
El vicepresidente Edmand Lara denunció de forma pública en una reciente conferencia que el Órgano Ejecutivo ejerce presiones políticas sobre los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para evitar un fallo sobre el Decreto Supremo 5515, entre otros.
Según la segunda autoridad del Estado, la causa se encuentra “congelada” debido al “miedo” de los tribunos a sufrir persecución si dictan una resolución a su favor.
Esta parálisis agudiza la incertidumbre legal que enfrenta a Lara con el presidente Rodrigo Paz cada vez que este sale de las fronteras del país, amparado en una norma que la oposición califica de vulneración directa a la Constitución en vigencia.
La tensión jurídica radica en el artículo 169 de la Carta Magna. Este artículo ordena de forma expresa que, ante la ausencia temporal del Mandatario, asuma quien ejerza la Vicepresidencia por un periodo menor a 90 días.
El Decreto Supremo 5515, aprobado el 1 de enero, faculta al jefe de Estado a ejercer sus funciones de mando mediante herramientas tecnológicas desde el exterior del Estado, una medida que busca eludir una disposición constitucional.
El 2 de enero de 2026, el viceministro de Transparencia, Yamil García, admitió de manera pública el trasfondo político de la norma y justificó su emisión ante la postura del Segundo Mandatario.
García afirmó textualmente que “de manera pública, el Vicepresidente ha generado un criterio de oposición en contra de las políticas del Gobierno”, un escenario que forzó al Ejecutivo a blindar la gestión de Paz a distancia. En respuesta a esta ofensiva legal, Lara desafió la autoridad presidencial y advirtió con anterioridad de que “el poder no es eterno”.
En los hechos, el gabinete ministerial respalda la continuidad absoluta de Paz bajo el argumento de la modernización del aparato estatal, lo que desplaza a la histórica figura de la transmisión física del mando y el uso del bastón presidencial. Frente a esta situación, se activaron varios recursos judiciales con el fin de frenar la medida del Órgano Ejecutivo del llamado “Gobierno telemático”.
Por ejemplo, en enero, el senador Wílder Véliz Armas y la diputada Verónica Lafuente, ambos parlamentarios del PDC, interpusieron de forma individual acciones de inconstitucionalidad abstracta ante el TCP, pero, su colega de oposición José Sánchez comunicó que su bloque redacta un proyecto de ley con el propósito expreso de anular la norma porque “el Ejecutivo legisló a espaldas de la Asamblea”.
En el ámbito ciudadano, el jurista Wílmer Vásquez interpuso el 14 de enero una acción popular contra el decreto, pero la Sala Constitucional Tercera de El Alto denegó la tutela bajo el argumento de que este recurso carece de competencia para revisar la constitucionalidad de una norma general. De este modo, la definición quedó de forma exclusiva en manos del TCP. Todas estas opiniones jurídicas exponen la fractura del país.
El constitucionalista César Cabrera explicó que la norma “conserva su presunción de constitucionalidad mientras el tribunal no determine lo contrario”. En una postura opuesta, el analista Marcelo Silva remarcó que “un decreto posee menor jerarquía que la Constitución y las ausencias presidenciales exigen una regulación por ley”. Por su parte, Freddy Vidovic, colaborador de la Vicepresidencia y afín a Lara, criticó con dureza el texto legal, pues afirmó que la norma “desnaturaliza el diseño del Órgano Ejecutivo” y debilita al propio Estado al concentrar decisiones estratégicas en ministros carentes de legitimidad democrática, un aspecto que compromete la estabilidad burocrática institucional a largo plazo.
La resolución de esta crisis sufre una demora institucional profunda. Muestra de ello es que el TCP admitió en mayo la acción de inconstitucionalidad abstracta que plantearon Véliz y Lafuente, pero continúa sin una respuesta de fondo. Este retraso quebrantó los plazos procesales que fija la ley, los cuales otorgan al tribunal un máximo de 45 días para emitir sentencia después del sorteo de la causa, un plazo que quedó vencido hace meses.
Los dos episodios previos en que se repitió esta parálisis ocurrieron por misiones internacionales específicas del Jefe de Estado: el primero en enero, cuando el Mandatario asistió al Foro Económico Mundial de Davos en Suiza y luego a Asunción para suscribir el acuerdo Mercosur-Unión Europea; el segundo en septiembre, debido a su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.
En ambas ocasiones, el Presidente no realizó la entrega física del bastón de mando, como tampoco lo hizo en su reciente viaje a España a inicios de mes con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana. Esta misma conducta institucional se perfiló en su inmediato traslado a Turquía, destino a donde acudió con el propósito de asistir a la cumbre climática COP31 en la ciudad de Antalya, Turquía, del 9 al 20 de noviembre.
Desde noviembre del año pasado, el TCP opera de manera extraordinaria con solo cuatro de sus nueve magistrados, debido a que la Asamblea Legislativa no logró aprobar la convocatoria para cubrir las cinco vacancias. El abogado Ramiro Orías advirtió de que “los recursos de inconstitucionalidad están paralizados por falta de quórum legal”. La propia presidenta del Tribunal Constitucional, Paola Prudencio, lamentó la situación y aseveró que “no podemos normalizar que seamos cuatro magistrados”.
Ante este escenario de parálisis, Lara cuestionó con severidad la inacción de los tribunos respecto al recurso contra el Decreto Supremo 5515 de gobernanza digital. “No se trata de quedar bien con uno y con el otro, se trata de cumplir la Constitución”, reclamó el Vicepresidente al denunciar el sometimiento del tribunal ante el poder político.
A un año del inicio de la gestión de Paz, Bolivia continúa sin una respuesta judicial que aclare la constitucionalidad del polémico DS 5515.