• Economía
  • Gregory Beltrán

Después de tres años de la quiebra del Banco Fassil en Bolivia, la región nuevamente se estremece ante un nuevo hecho que sacudió las fibras financieras de Paraguay, que hasta este momento se había convertido en una especie de paraíso para las inversiones, lo que obligó a que muchos empresarios bolivianos evalúen la necesidad de trasladar sus recursos a esa nación. Con el colapso de Ueno Bank se contabilizan al menos ocho entidades que cerraron sus puertas por manejos irregulares desde 1987, con la particularidad de que el banco paraguayo se convirtió en una especie de “lavandería” del dinero del narcotraficante Sebastián Marset.


“Dos de cada tres paraguayos usan Ueno”, señala la página web de esta entidad financiera, anuncio que todavía funciona. Según la BBC, entre 2023 y septiembre de 2026 los depósitos de organismos y entidades estatales en el banco pasaron de 80,2 millones a 834,8 millones de dólares, que incluyen unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS), que administra el sistema de pensiones de ese país.


Su cartera de clientes privados pasó de 449 mil en 2022 a más de 2,9 millones al momento de su cierre, en buena medida por las facilidades que ofrecía para abrir cuentas en comparación con sus competidores tradicionales y por sus promociones.


También hubo otros casos. En 1994 el Estado venezolano intervino el Banco Latino, que era hasta ese momento el segundo de ese país por el volumen de sus depósitos, pero sufrió una crisis de liquidez y una retirada masiva de depósitos. Ese mismo año se intervino el Banco Anglo Costarricense por el Banco Central de Costa Rica, por irregularidades con ciertas sociedades creadas en el extranjero.


Cuatro años después ocurría algo similar con Filanbanco, de Ecuador, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías. Se detectaron créditos concedidos a empresas de los propios accionistas y préstamos estatales por más de 400 millones de dólares, por lo que tuvo que cerrar sus puertas en 2001.


En 2000, Perú también sufrió la quiebra del Banco Nuevo Mundo, contaba con un notable deterioro patrimonial y el Fondo de Seguro de Depósito desembolsó recursos para cubrir a más de 23 mil ahorristas, aunque se destacó que no hubo conexiones políticas.


En 2003, Baninter fue intervenido por las autoridades dominicanas, los propietarios mantenían operaciones financieras ocultas mediante una contabilidad irregular que ocultaba pérdidas y se concedían créditos vinculados con sus propias empresas, lo que no se permite por leyes vigentes.


Ese mismo año, el Banco Fassil de Bolivia fue intervenido por la ASFI. El motivo principal fue el incumplimiento de liquidez contraído con los clientes que querían acceder a su dinero. Se detectó un desvío masivo de fondos y créditos sin garantías vinculados a accionistas del conglomerado.


Brasil no estuvo exento de sobresaltos, en 2025 el Banco Central liquidó al Banco Máster por presunto fraude financiero a gran escala. Se supo que la entidad creció por captar depósitos mediante productos de elevada y dudosa rentabilidad.

EL CASO BOLIVIANO
Desde 1987, cuando se cerró el Banco de la Vivienda, comenzó un proceso que derivó en la caída de nueve establecimientos bancarios —no se cuenta aquí mutuales u otras financieras—, algunos en medio de complicaciones, escándalos, protección política y judicial y juicios que terminaron con algunas sentencias, como en el caso de Roberto Landívar Roca y María Isabel Siles.


El Banco de Crédito Oruro, el Banco Potosí, el Banco del Progreso Nacional, el Banco de Cochabamba, el Banco Boliviano Americano, el Banco Sur, fusión de los bancos Industrial y Ganadero del Beni; Bidesa y el Banco de La Paz, fueron los demás que desaparecieron en el territorio nacional.


Una disposición legal obliga a las empresas e instituciones del Estado a operar con bancos debido a que mantienen constancia de los movimientos financieros que realizan y no pueden esconder operaciones poco claras, a diferencia, por ejemplo, de las financieras que ejecutaron estafas piramidales en Bolivia. El caso de Finsa es emblemático.