- Salud
- Wilma Pérez
Un funcionario despedido indebidamente del Ministerio de la Presidencia, quien padece cáncer, denunció que desde el 31 de julio se quedó sin seguro de salud, lo que le impide continuar su tratamiento de quimioterapia, además de realizarse exámenes médicos periódicos para evaluar la evolución de su grave enfermedad.
El afectado relató que el 24 de julio se sometió a una sesión de quimioterapia y que tiene plazo hasta el 19 de agosto para la siguiente. “Ya no tengo dinero para pagar una quimioterapia particular porque resulta muy cara”, manifestó.
Según documentación médica, el paciente requiere continuar con tratamiento oncológico y controles laboratoriales periódicos. Uno de los informes detalla la necesidad de seguimiento clínico debido a su diagnóstico.
El exservidor público forma parte de un grupo de 14 funcionarios del Ministerio de la Presidencia que fueron despedidos el 31 de mayo pese a que deberían tener inamovilidad laboral.
Las personas desvinculadas contaban con inamovilidad laboral por diferentes causales. Abogados laboralistas consultados señalan que el Gobierno “podrá” desvincular al personal, pero esa figura no puede estar por encima de los derechos adquiridos como la inamovilidad por salud u otras causales reconocidas por ley.
En el caso del funcionario afectado por cáncer, la falta de cobertura médica pone en riesgo la continuidad de su tratamiento oncológico y su vida en general.
El afectado hizo un llamado a las autoridades para que se garanticen su derecho a la salud y a la reincorporación laboral, debido a su delicada condición sanitaria.
DECRETO SUPREMO 5566
La desvinculación de los funcionarios se ejecutó por el cierre del Viceministerio de Comunicación dispuesto por el Decreto Supremo 5566 que crea la Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional.
La directora general de Comunicación Estratégica del Estado, Ximena Galarza, explicó que la desvinculación fue asumida de manera unilateral por el Ministerio de la Presidencia.
“Nosotros no coordinamos absolutamente nada. No hubo transferencia de carpetas del personal ni de presupuesto”, afirmó y detalló que la Unidad de Comunicación tenía un presupuesto aprobado de Bs 96 millones para la gestión 2025, de los cuales se ejecutaron 80 millones de bolivianos.
Cuestionó que desde la Dirección General Administrativa de Presidencia no enviaran las carpetas, ni información de los casos de inamovilidad funcionaria.
Además se preguntó sobre cómo en abril y mayo el Ministerio de la Presidencia pagó sueldos con 2,2 millones con fondos provenientes del grupo 10000 que correspondían a la unidad desaparecida, pese a que los funcionarios ya habían sido desvinculados en marzo.
La Prensa buscó la versión oficial de la directora General de Asuntos Administrativos del Ministerio de la Presidencia, Ivonne Quezada, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo una respuesta.
De igual manera se intentó obtener un pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, instancia que según información preliminar, habría atendido el caso a través de su área legal. Tampoco hubo respuesta.
El caso reabre el debate sobre los alcances del Decreto Supremo 5566 y el respeto a los derechos laborales en procesos de reestructuración de los organismos de manejo de la cosa pública.