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El Ministerio de Gobierno confirmó la continuidad de las tareas judiciales para identificar a la totalidad de los responsables detrás de los bloqueos de carreteras que paralizaron el país. El titular de esa cartera, Antonio Oviedo, aclaró que los procesos legales alcanzarán al expresidente Evo Morales, quien además cuenta con causas jurídicas independientes al conflicto social. La posición oficial surge horas después de la captura del dirigente campesino Vicente Salazar, uno de los principales promotores de las medidas de presión en las rutas.

La administración pública central descartó una persecución a la protesta social, aunque remarcó la imposibilidad de obviar las acciones delictivas ante el clamor de la ciudadanía. Oviedo enfatizó que el objetivo institucional radica en canalizar la justicia a través del respeto a la independencia de poderes, lejos de cualquier intención de revancha política. El curso legal busca sentar un precedente para evitar la repetición de perjuicios colectivos en el futuro.

Las autoridades fundamentan la severidad de los procesos en los daños registrados durante los más de 50 días de conflicto, lapso en el cual la economía familiar sufrió un fuerte impacto. El balance oficial incluye acusaciones por impedir el tránsito de asistencia médica, situación que derivó en la pérdida de vidas humanas. Asimismo, los reportes institucionales detallan que 55 miembros de la Policía Boliviana resultaron heridos por agresiones directas, incluso con impactos de bala en la localidad cruceña de San Julián.