• Política
  • Susana Salinas

La promesa electoral del “50/50” sufrió un giro radical. El Servicio Estatal de Autonomías (SEA) remitió oficialmente a los nueve departamentos la carpeta técnica del anteproyecto de ley, documento con el que el Gobierno sustituyó de forma definitiva la reconfiguración equitativa del presupuesto por un ofrecimiento inicial que apenas alcanza el 1 por ciento de coparticipación tributaria para las regiones. 


Con este envío, el Gobierno de Rodrigo Paz formalizó el reemplazo de su emblemática promesa electoral del “50/50” por un fondo menor, propuesta que el Ejecutivo plantea como una base inicial y progresiva. Bajo este esquema, el plan de transferir de manera inmediata la mitad de los recursos nacionales a las autonomías queda postergado a favor de un proceso de incremento gradual de largo plazo.


El documento del Ejecutivo desató un escenario de tensión. El texto legal establece que este 1 % impositivo, proveniente del IVA y el IT, saldrá de los recursos del nivel central e inyectará alrededor de 560 millones de bolivianos anuales a partir de 2027. 
Empero, cinco gobernadores rechazaron el contenido de la carpeta técnica al calificar la cifra como una burla frente al compromiso original de campaña. El bloque disidente fundamentó su postura con duras críticas al centralismo estatal. El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, lidera este grupo. 


“Es nuestro dinero, no estamos pidiendo limosna”, afirmó Velasco, quien exige un esquema progresivo que inicie con un 5 % de piso en 2027 hasta alcanzar una meta del 15 % para 2031.


A su turno, el gobernador de Chuquisaca, Luis Ayllón, fustigó el porcentaje recibido. “Es una migaja. Parece que el gobierno no quiere soltar la mamadera”, aseveró antes de demandar el cumplimiento de la agenda estructural pactada en Sucre.


Por su parte, Leonardo Loza, gobernador de Cochabamba, denunció que el nivel central pretendía inicialmente otorgar un 0,4 %, por lo que catalogó el texto final como una “falta de respeto” a las regiones y exigió una base líquida del 5 %.


La oposición al proyecto técnico sumó los reclamos de Tarija y Oruro. La gobernadora tarijeña, María René Soruco, advirtió de que la salud y las autonomías no se negocian, y rechazó el intento oficial de condicionar este fondo al pago de ítems nacionales. En tanto, Édgar Sánchez, gobernador de Oruro, desmintió los supuestos consensos pregonados por el oficialismo. 

“Comenzar con un 1 % es nada”, manifestó el orureño, luego de pedir transparentar el estado real de las arcas públicas ante el impacto por el retiro de las subvenciones.


En contraste con los críticos, La Paz y Beni aceptaron el porcentaje. Los gobernadores Luis Revilla y Jesús Egüez, justificaron el texto por la crisis económica y lo ven como un punto de partida modificable, en medio de un reclamo generalizado.