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La activista y jurista Nadia Beller tomó distancia de los ilícitos atribuidos al asesor argentino Fernando Cerimedo al sostener que solo posee un conocimiento referencial de los mismos. Frente a los cuestionamientos por su silencio previo, la abogada manifestó que carecía de un deber legal para presentar una acusación formal, además de señalar que las circunstancias personales y el marco normativo vigente respaldan su postura.
Durante sus declaraciones, la profesional fundamentó su defensa en el hecho de no ejercer ningún cargo en la función pública, condición que la exime del mandato que exige poner en conocimiento de la justicia las irregularidades observadas. De igual forma, la abogada remarcó el vínculo de convivencia que mantenía con el involucrado, factor que la legislación penal contempla como un impedimento para la exigibilidad de denuncias o acusaciones por encubrimiento.
La jurista también atribuyó su reserva a la falta de garantías en el sistema de administración de justicia y al grado de injerencia que el sospechoso ejercía sobre las entidades de investigación policial. Finalmente, la abogada desestimó las críticas vertidas en su contra al calificarlas de malintencionadas, mientras reiteró la desconfianza respecto a la imparcialidad de los operadores judiciales para procesar este tipo de casos.