Durante 2023, Bolivia destinó un total de Bs 12.678 millones (aproximadamente 1.821 millones de dólares) para la subvención a los hidrocarburos, superando en un 66 por ciento lo proyectado inicialmente en el Presupuesto General del Estado (PGE), que era de Bs 7.642 millones. Este aumento sustancial en la asignación presupuestaria refleja no solo la volatilidad del mercado energético global, sino también la prioridad del gobierno de mantener la estabilidad económica y evitar fenómenos inflacionarios que han afectado a otros países de la región. Desde una perspectiva macroeconómica, la política de subvención a los hidrocarburos puede interpretarse como una medida keynesiana, donde el gobierno interviene en la economía para regular los precios y estabilizar la demanda agregada. El control de precios en energéticos es una estrategia clásica para contener la inflación, especialmente en economías donde los combustibles representan una fracción significativa del gasto de los hogares. Sin embargo, este enfoque trae consigo profundas implicaciones ecológicas y económicas a largo plazo. El subsidio a los combustibles fósiles, como el diésel y la gasolina, promueve un mayor consumo de estos productos, contraviniendo los principios de sostenibilidad ambiental y compromisos internacionales como los Acuerdos de París sobre cambio climático. Al incentivar el consumo de fuentes energéticas altamente contaminantes, Bolivia podría estar comprometiendo su transición hacia energías renovables y más limpias. La subvención también plantea un dilema económico. Aunque a corto plazo puede ayudar a evitar el shock inflacionario y proteger el poder adquisitivo de la población, a largo plazo genera una carga significativa para el Tesoro General de la Nación. Los fondos utilizados para subvencionar hidrocarburos son recursos que podrían destinarse a inversiones en infraestructura sostenible, educación o salud. Además, este tipo de políticas puede llevar a distorsiones en el mercado, desincentivando la eficiencia energética y la innovación en tecnologías alternativas. En el PGE 2024, el gobierno boliviano proyecta una subvención de 9.803 millones de bolivianos ($1.406 millones), ajustando las cifras, pero manteniendo una política similar. Este plan refleja una persistencia en la estrategia de control de precios, pero también una oportunidad perdida para redirigir esfuerzos y fondos hacia un modelo energético más verde y sostenible. Desde una perspectiva teórica moderna, los economistas sugieren que las subvenciones deberían orientarse hacia sectores que promuevan un crecimiento inclusivo y sostenible. En lugar de subvencionar los hidrocarburos, el gobierno podría considerar apoyar la transición hacia energías renovables, lo que no solo ayudaría a reducir las emisiones de carbono, sino que también podría generar nuevos empleos y tecnologías en el sector energético. La experiencia internacional muestra que los países que han invertido en energías renovables y políticas de sostenibilidad no solo han mejorado sus indicadores ambientales, sino que también han visto beneficios económicos a largo plazo. Por ejemplo, Alemania y Dinamarca han logrado notables avances en la integración de energías renovables en sus matrices energéticas, con efectos positivos en sus economías. En conclusión, mientras que la subvención a los hidrocarburos en Bolivia ha logrado mantener la estabilidad económica a corto plazo, es fundamental que el gobierno reconsidere esta política en el marco de una estrategia más amplia y sostenible. El desafío consiste en equilibrar las necesidades económicas inmediatas con los imperativos ecológicos y económicos a largo plazo, orientando el país hacia un desarrollo más verde y resiliente. Esto no solo es esencial para la sostenibilidad ambiental, sino también para asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible en el futuro. Por: Enrique Alfonso Miranda Gómez