- Política
- Susana Salinas
29/12/2024.- El complejo proceso de las elecciones judiciales puso en la mira al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Para el vocal Tahuichi Tahuichi Quispe, del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es urgente y necesario revisar su existencia o limitar sus acciones como “suprapoder”, de no hacerlo, “peligra la institucionalidad democrática del Estado boliviano”, sostuvo en una entrevista con La Prensa.
¿Qué opina de la actuación del TCP?
El artículo 203 de la Constitución establece que todas las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de cumplimiento obligatorio y sin recurso ulterior. ¿Se imagina?, estamos supeditados al TCP, que aunque no es un suprapoder, en los hechos funge como tal. Fue puesta por encima de los cuatro órganos independientes; y tampoco es parte del Judicial.
Después de las decisiones de este tribunal sobre las elecciones parciales solo queda reclamar justicia a Dios, a eso hemos llegado.
¿Cuestiona la existencia y la actuación del TCP?
Creo que hemos llegado a un momento en el que necesitamos una asamblea constituyente, originaria y plenipotenciaria para reescribir la Constitución; y en esa tarea “debe desaparecer
el Tribunal Constitucional”.
Es una postura personal, pero tiene que desaparecer, porque no demostró, en la práctica, ser una institución que vela por los derechos constitucionales, que protege la democracia o respeta la Constitución Política, cuyo artículo 203 es nefasto.
De mantenerse en el texto constitucional, debe limitarse todas sus funciones.
¿Cómo evalúa el proceso electoral judicial?
Fue un proceso electoral violado, irrumpido. ¿Por qué?, porque no respetó la preclusión, ese es el punto de partida. La preclusión es la garantía jurídica de todo proceso electoral en el mundo, en el que tiene que empezar y culminar, no puede ser interrumpido ni paralizado en ningún momento. Se dejó de lado la institucionalidad democrática. Por eso, digo que fue un proceso violado, mutilado, altamente politizado y parcelado por los prorrogados.
¿Cómo califica la sentencia constitucional del TCP 0770/2024-S4?
Lo interesante de esta sentencia, que debe convocar al análisis de todos los académicos constitucionalistas se presenta en la página 69, que señala una “excepción al principio de preclusión”. Imagínense, solo dos magistrados del TCP disponen que la ley es una excepción.
Ese es el grado de quebrantamiento de la normativa.
¿Se trata de una jurisprudencia peligrosa?
Es evidente que se ha sentado un funesto precedente. Como Órgano Electoral Plurinacional (OEP) hemos hecho un comunicado de protesta contra el TCP, ante la flagrante violación.
Hablemos de los amparos constitucionales
Este proceso electoral fue torpedeado por una ingente carga de amparos constitucionales, desde un inicio, desde la fase de la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Contabilizamos unos 51 amparos de toda índole: por vulneración de derechos, por exámenes y otros. Hubo un conflicto de competencias, el TCP empezó a invadir las que le correspondía al TSE
Esta acción, incluso, derivó en que, en las vísperas, durante y después del día electoral lleguen amparos, todos con el fin de paralizar las elecciones judiciales.
¿Hubo alguna manera para evitar las complicaciones que se dieron?
Sí, había. Nosotros, avizorando esa situación, convocamos en octubre a una Cumbre por la Democracia. Una reunión con diputados y representantes de partidos políticos, les pedimos un compromiso, en especial a los legisladores de Creemos, Comunidad Ciudadana y el MAS, para que emitan una ley, que disponga que las elecciones judiciales sean totales, completas e íntegras; pero todo terminó en un simple apoyo moral.
Hay voces que dicen que el TSE actuó con debilidad en estas elecciones
Sí, sabemos que hay voces que señalan que los vocales del Órgano Electoral somos cobardes, que no defendimos al TSE, que cedemos a presiones políticas, pero son posturas hipócritas. Saben que no tenemos blindaje para actuar con amplitud. Por ejemplo, el 12 de noviembre, desde la Asamblea Legislativa, desde el Ejecutivo y mediante distintos actores políticos nos dijeron que si no acatábamos la sentencia del TCP íbamos a ir a la cárcel. Ese día, desde una sala constitucional del Beni, recordaron que si no acatábamos la sentencia teníamos una multa de 15.000 bolivianos por día. Es una forma de presión, es chantaje; pero todo obedece a un plan maquiavélico, a un plan siniestro.
¿A qué se refiere?
Es un plan inserto en la Constitución, una receta para concentrar el poder político en una mano o en pocas manos, en un grupo.
¿Cómo se encararán las generales de este 2025?
Solo hay una ventana para reconducir con garantía los procesos judiciales. Eso pasa por la inclusión de los vocales a la Ley 044, donde por sus actos sean pasibles a un juicio de responsabilidad y no a la justicia ordinaria. De lo contrario, nos sentimos como un equipo de bomberos desnudos, que deben apagar incendios sin ropa ni herramientas.