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Dos sobrevivientes de los abusos cometidos por el fallecido clérigo Luis María Roma Padrosa presentaron una demanda penal ante la Fiscalía de Santa Cruz contra cinco exdirectivos de la Compañía de Jesús. El recurso legal señala a los antiguos superiores por su presunta responsabilidad al permitir que las agresiones sexuales contra niñas de la comunidad guaraní permanecieran en la impunidad durante décadas. Según el memorial, las autoridades eclesiásticas poseían conocimiento de estas irregularidades desde hace años, pero optaron por mantener un silencio institucional que facilitó la continuidad de los delitos.

El documento acusatorio detalla que el religioso aprovechó su posición en centros educativos y parroquias de Charagua para captar a menores de entre 4 y 12 años mediante engaños. Los testimonios indican que el agresor registraba los vejámenes en archivos digitales y diarios personales, afectando a decenas de infantes bajo un esquema sistemático. Por este motivo, la parte querellante exige al Ministerio Público una investigación profunda que derive en la imputación formal de los implicados, solicitando la sanción penal más alta permitida por el ordenamiento jurídico boliviano debido a la extrema vulnerabilidad de las afectadas.

De manera paralela, el Parlamento de Cataluña evalúa la creación de una comisión especial para indagar estos hechos como posibles crímenes de lesa humanidad. Esta iniciativa surge tras las gestiones de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes en España, que busca determinar el papel de la jerarquía católica en los traslados de sacerdotes cuestionados hacia territorio nacional. El Estado boliviano figura como parte perjudicada en este proceso internacional, el cual pretende establecer medidas de reparación y justicia ante las fallas estructurales que evitaron la protección oportuna de las víctimas.