• Seguridad
  • Aleja Cuevas

El Ministerio de Justicia actualizó el arancel mínimo de honorarios para profesionales en leyes el 6 de septiembre de 2021, en cumplimiento a lo establecido por la Ley 387 del Ejercicio de la Abogacía. 

Las tarifas varían de acuerdo con la complejidad de cada caso. Algunos abogados cobran honorarios en dólares, otros en bolivianos, lo que va en directa relación con la dificultad que entraña cada proceso y si se trata de un proceso penal o  uno de orden civil.  

Además, la tarifas mínimas establecidas son diferentes de acuerdo con el departamento donde se sustancia el juicioo. Por ejemplo, una acción de libertad en Chuquisaca cuesta 5.000 bolivianos y en el departamento de Beni 9.500 bolivianos. Beni, Cochabamba y La Paz, son los departamentos donde más costoso resulta afrontar un proceso penal.

Un proceso cautelar demanda una erogación de 1.000 a 3.500 bolivianos y en cuanto a los procesos extraordinarios, uno de divorcio demanda una erogación de 3.000 a 7.500 bolivianos.

Al respecto, el abogado penalista Jimmy Almanza explicó que para beneficiar a sus clientes, algunos abogados elaboran “combos”, según la complejidad y participación de un caso.

La etapa preparatoria cuesta de ocho a 10 mil dólares, pero si es un caso extremadamente grave el costo puede llegar a 15 mil dólares.

Entretanto, otros abogados prefieren cobrar honorarios de 4.000 dólares, pero los amparos, acciones de libertad y otros procedimientos se cobran aparte, sin tomar en cuenta el desarrollo de la audiencia cautelar y las apelaciones consecuentes.

“Antes de aceptar un caso, tengo que estudiar qué estrategias de defensa debo asumir, y evaluar si la pelea será dura. Se debe tomar en cuenta que un caso de estafa y uno de asesinato son completamente diferentes y se requiere de diferentes opciones de defensa, con base en esos datos y evidencias que se tenga, elaboro un combo económico”, explicó el penalista.

En tanto, en los procesos civiles, los profesionales en derecho cobran honorarios bajo el arancel establecido, pero juegan con los porcentajes, pues generalmente la parte denunciada paga el porcentaje establecido como parte de la sanción establecida por el juez que atiende la causa.

TRÁMITES EN GENERAL

La consulta profesional tiene un costo de 200 a 250 bolivianos, la redacción de una normativa (leyes, reglamentos, estatutos y otros) de 2.500 a 5. 000 bolivianos; una asesoría general de 1.500 a 3.500 bolivianos, en cuanto a la asesoría especializada de 3.500 a 8.500 bolivianos; la conciliación en sede administrativa, de 350 a 1.500 bolivianos. Una demanda por beneficios sociales de 3.000 a 6.500 bolivianos más el 10 por ciento sobre la cuantía involucrada en el proceso.

Defender a un delincuente no es sencillo... ni barato.