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El Senado aprobó la abrogación de la Ley 741, que permitía el desmonte de hasta 20 hectáreas en propiedades agrícolas pequeñas. Esta norma, criticada por su vínculo con la deforestación y los incendios forestales en Beni y Santa Cruz, fue objeto de debate debido a su impacto ambiental. Ahora, el proyecto se trasladará a la Cámara de Diputados para su revisión. 

Se espera que este cambio legal frene la tala indiscriminada y fomente una gestión más sostenible del territorio. Organizaciones medioambientales y activistas llevan tiempo presionando por la eliminación de esta ley, que facilitaba la expansión agrícola en áreas sensibles desde su implementación.